Prisión preventiva de 18 meses contra nueve hombres implicados en robo de armas a seguridad de Factoría Agromolinos en La Vega

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Prisión preventiva de 18 meses contra nueve hombres implicados en robo de armas a seguridad de Factoría Agromolinos en La Vega

La solicitud del Ministerio Público de esa provincia fue acogida de manera completa por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, logrando el órgano persecutor la imposición de prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo

LA VEGA.- En atención a la solicitud hecha por el Ministerio Público de este distrito judicial, fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva en contra de ocho ciudadanos dominicanos y un nacional haitiano implicados en el robo de tres armas de fuego a agentes de seguridad de la Factoría Agromolinos, así como 34 rollos de alambres de electricidad y dinero en efectivo.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso la medida cautelar en contra de los dominicanos José Willians Durán Valdez, Ronald Aníbal Matos Díaz, kelvin Díaz Salas, alias La Tuerka; Sandy Antonio Peralta Pérez, José Lantigua Castano Lora (El  Ingniero); Joselito Polanco, alias Chicho; José Alberto Pérez Segura, y de Juan Fernando Marte Marte, así como del nacional haitiano Freber Onillan, alias Francisco El  haitiano y/o Ivert Jean.

El grupo presuntamente sustrajo a los agentes de seguridad del establecimiento, tres armas de fuego tipo escopeta de las marcas Maverick, calibre 12, los 34 rollos de alambres de electricidad, así como el dinero en efectivo que las víctimas portaban al momento del hecho.

Además de la prisión preventiva, que deberán cumplir los imputados en en la cárcel pública Concepción de La Vega, el tribunal declaró el caso complejo, luego que acogiera en su totalidad la solicitud hecha por el Ministerio Público de este distrito judicial.

La Procuraduría Fiscal de La Vega ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 379, 382, 384 y 386-II del Código Penal Dominicano y a los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados,  cometidos en perjuicio de la Factoría Agromolinos, la compañía de asesoría de seguridad (ASESA) y el Estado dominicano.

Del caso, ocurrido en horas de la madrugada del pasado 23 de marzo, la solicitud de medida de coerción establece, que los imputados se presentaron a la Factoría Agromolinos, ubicada en la calle Duarte, de Rincón, La Vega, para perpetrar el robo, donde amordazaron y  ejercieron  violencia física contra los señores Ramón Miranbos Rodríguez,  Favier Villafaña Ulloa, y del nombrado José Willians Durán Valdez, éste último quien se desempeñaba como seguridad de ASESA y el cual posteriormente las investigaciones arrojaron que habría sido el autor y planificador de la acción delictiva.

La instancia detalla que cuando el imputado José Willians Durán Valdez, quien es uno de los miembros de seguridad de ASESA, que presta servicio nocturno en la Factoría Agromolinos, se comunica con el imputado Joselito Polanco y le propone la realización del robo de los alambres, alegando que también existe en el referido lugar una caja fuerte y que podían llevarse las armas para la comercialización posterior de las mismas, el imputado Joselito Polanco habría aceptado la propuesta y se comunica con los demás encartados, materializando el robo el pasado mes.

Las investigaciones han permitido establecer que posteriormente, los imputados se dirigieron a un negocio  de nombre Ferretodo Industrial, de Santiago, donde vendieron los alambres, por   la suma de RD$ 189,000.00 pesos, dirigiéndose después en la misma ciudad de Santiago a la Cooperativa de Servicios Múltiples San  José, donde varios de ellos fueron detenidos.

En el transcurso de la investigación se han realizado varios allanamientos en las casas de los imputados, donde se han recuperado armas de fuego sustraídas en la Factoría Agromolinos, además de que otras armas y los 34 rollos de alambres fueron entregados por el propietario de una compraventa de Santiago.

La medida de coerción fue impuesta luego que el Ministerio Público presentara unas cuarenta evidencias documentales y materiales que hasta el momento han sido obtenidas en el transcurso de la investigación, incluyendo órdenes judiciales de allanamientos y arrestos, certificados médicos, y entrevistas, así como las armas sustraídas, celulares, y varios vehículos.

El Ministerio Público destacó que continúan trabajando para dar respuestas contundentes a la delincuencia y al crimen, al tiempo de manifestar que las investigaciones de este caso están adelantadas y que procurarán lograr que el grupo sea enviado a juicio de fondo y sean sancionados cada uno de los imputados acorde al mandato de las leyes.

 

 

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