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A juicio de fondo el exministro Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini y otros involucrados en sobornos para la compra de 8 aviones Super Tucano

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), por recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano.

También, dictó apertura a juicio contra Daniel Aquino Hernández, de la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.), que representa dicho imputado, así como de la compañía Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L).

En tanto, fue dictado auto de no ha lugar a juicio respecto de los imputados Félix del Orbe Berroa e Ysrael Abreu Rosario.

Con relación al empresario Daniel Aquino Méndez, otro de los imputados en el caso de soborno, fue separado del proceso que se encuentra en la etapa preliminar, quedando fijada la audiencia en su contra para el 15 de abril próximo, por asuntos de salud.

La decisión fue adoptada por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raquel Astacio, luego de admitir parcialmente la acusación presentada por el Ministerio Público que estuvo representado por las fiscales Rosa Alba García y María Melenciano.

Por este caso de corrupción la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) procedió con su sometimiento a la justicia por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano.

Durante la investigación del caso, iniciada en el año 2016, el órgano de justicia logró obtener pruebas suficientes que vinculan a los imputados a este acto de corrupción administrativa.

Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.

El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, donde destaca que sigue firme en sus propósitos de procurar justicia y lograr una sentencia ejemplar en contra de los procesados.

 

 

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