Distrito Nacional.- El empresario Ángel Rondón confirmó que recibió “aproximadamente 92 millones de dólares” de Odebrecht durante el período 2001-2014, pero como pago por sus servicios como representante comercial, informó el Procurador General de la República.

El procurador anunció que dio a Rondón un plazo de tres días para entregar al Ministerio Público, todas las documentaciones sobre sus relaciones con la empresa, incluyendo los contratos, pagos, depósitos bancarios y el destino final de los recursos recibidos.

Rondón fue interrogado después que el gerente de Odebrecht, Marcelo Hofke, declaró ante el Procurador General de la República, que la empresa no pagó sobornos a ningún funcionario, pero si le entregó a Rondón US$92 millones como pago por sus servicios.

La declaración de la Procuraduría señala además que el empresario negó que haya pagado sobornos a funcionarios públicos dominicanos para lograr contrataciones de obras.

El interrogatorio es parte de las gestiones que realiza el Ministerio Público tras abrir en diciembre pasado una investigación sobre las actividades de Odebrecht en República Dominicana a raíz de la publicación de un acuerdo de la empresa con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el cual declaró haber pagado US$92 millones como soborno para obtener contratos del gobierno en el país.

Rodríguez aseguró que el Ministerio Público está realizando una investigación profunda, completa, en la cual utilizará todos los recursos a su alcance incluyendo auditores forenses, con el firme propósito de identificar a los funcionarios que recibieron los sobornos declarados por Odebrecht y someterlos a los tribunales.

Recordó además “que fueron los máximos representantes de la multinacional Odebrecht, quienes ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio Público de Brasil, admitieron haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para garantizar adjudicación de contrataciones de obras gubernamentales en República Dominicana”.

El procurador recalcó que “la constructora incluso refirió que el mecanismo para gestionar esta estrategia delictiva era utilizar un intermediario, que no identificó, para ocuparse de pagar a los funcionarios gubernamentales”.

Explicó que “se abrió una investigación partiendo de esa admisión de culpabilidad de la constructora brasileña, con el firme propósito de identificar en el país, a las personas, empresas o funcionarios, beneficiados con tales acciones ilícitas”.

El procurador señaló que “actuará sin contemplaciones contra todo aquél que sea identificado como beneficiario de este caso, asegurando que para la búsqueda de la verdad no tendrá miramientos ni consideraciones más allá de las establecidas en el Código Procesal”. 

“Lo repito una vez más para que todo el mundo lo tenga bien claro. No tengo compromisos con nadie. Tampoco vine a la PGR para ser selectivo, por el contrario, he venido a procurar justicia, sin distinción de ningún tipo. La investigación sigue en marcha y no tiene límites ni se descarta ningún recurso o acción, siempre apegados al debido proceso”, enfatizó.

En cuanto a la confidencialidad de la investigación, Rodríguez puntualizó, que trabaja con transparencia, sobre todo salvaguardando el proceso, pero consciente de que “un caso de esta envergadura y de amplio interés para la ciudadanía, amerita que la población esté al tanto de los avances obtenidos.”

“Las acciones emprendidas son mayores a las que podemos divulgar hasta este momento, por lo que nos remitimos al artículo 11 del Capítulo l de la Ley 133-11 que establece como prerrogativa exclusiva del Ministerio Público, guardar reserva o informar al público sobre investigaciones en curso”, por lo que siendo el Procurador General el máximo representante del Ministerio Público, tiene la potestad de hacer uso de detalles de la investigación sin comprometer el debido proceso, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, garantizó El procurador.