Aplazan revisión de medida de coerción a la pareja de César el Abusador

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Aplazan revisión de medida de coerción a la pareja de César el Abusador

Marisol Franco es imputada en la red de narcotráfico de César Emilio Peralta

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó, atendiendo una solicitud de la defensa, la audiencia de revisión de medida de coerción contra Marisol Franco, imputada en la red de César Emilio Peralta, alias César El Abusador.

Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, explicó que la decisión del tribunal atiende a una solicitud de la barra de la defensa, que alegó no haber estudiado a profundidad el expediente presentado por el Ministerio Público.

La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo martes 25 de mayo, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Ramos reiteró que la solicitud de revisión de medida de coerción impuesta a la pareja de El Abusador se debe a que ella viola los protocolos que sustentan la prisión domiciliaria, medida que le fue otorgada en febrero de 2020, atendiendo una petición de las partes y sin oposición del órgano persecutor, debido a una condición médica posparto.

Además de prisión domiciliaria, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional había dictaminado impedimento de salida del país contra la encartada.  Previo a ese cambio, la imputada cumplía prisión preventiva.

La Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía del Distrito Nacional indican que Franco desacató un mandato judicial que le impuso el arresto domiciliario, al igual que el voto de confianza otorgado, al salir de su domicilio sin ningún tipo de autorización emitida por la autoridad judicial competente ni informar al Ministerio Público.

El órgano de la persecución penal le atribuye a Franco el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas ilícitas cometido por un grupo del crimen organizado, tipificado en los artículos 2, 3.3 y 9.1 de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El órgano persecutor presentó pruebas documentales y testimoniales que fundamentan la solicitud y muestran que la imputada infringió la medida de coerción impuesta.

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