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Autoridades coordinan plan para lograr mayor efectividad en control y fiscalización de ONGs

El procurador Jean Rodríguez dijo que con la firma del acuerdo buscan que las nuevas acciones que implementarán se traduzcan en mejores servicios para la ciudadanía y en una mayor protección de los mejores intereses de la nación.

También, velarán por el buen uso de los recursos económicos asignados por el Estado y de las exoneraciones fiscales

SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República, los ministerios de Economía y Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro coordinan un plan de acción para fortalecer las labores de control y supervisión de las actividades de esas organizaciones.

Con ese propósito fue firmado un convenio de cooperación entre el procurador general de la República, Jean Rodríguez; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana; el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; el director general de la DGII, Magín Díaz, y la directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, Celeste Silié de Castellanos.

El procurador Jean Rodríguez expresó que el acuerdo viene a materializar una coordinación extraoficial de trabajo en equipo que realizan para verificar que se esté cumpliendo con la Ley 122-05 sobre Asociaciones sin Fines de Lucro y proteger al país de posibles violaciones a las leyes penales, tanto en materia de lavado de activos como de financiamiento del terrorismo.

Además dijo que buscan que las nuevas acciones se traduzcan en mejores servicios para la ciudadanía y en una mayor protección de los mejores intereses de la nación.

“Con este convenio además damos fiel cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que la República Dominicana tiene el compromiso de cumplir para el combate del lavado de activos en el país”, manifestó Rodríguez.

De su lado, el ministro de Economía, Isidoro Santana, dijo que el convenio busca aunar esfuerzos entre todas las instituciones para prevenir que esas asociaciones sean utilizadas como medio para el lavado de activos y otros tipos de actividades ilícitas.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que la implementación de las acciones contempladas en el convenio buscan mantener la probidad de esas instituciones con el fortalecimiento de los procesos de auditorías, supervisión y fiscalización.

En ese mismo orden, el director general de la DGII, Magín Díaz, explicó que trabajan de manera coordinada para mantener la probidad de esas asociaciones y garantizar que sigan cumpliendo el papel tan importante que vienen desarrollando a favor de las clases más necesitadas.

El acuerdo

Establece que las partes signatarias se comprometen a unir esfuerzos con el objetivo de eficientizar el registro, supervisión, control y fiscalización de las ONGs en la República Dominicana.

Del mismo modo, garantizar que estas instituciones gubernamentales den fiel cumplimiento a la Constitución de la República, así como a la Ley No. 122-05 y al Reglamento de aplicación No. 40-08.

Con respecto a la DGII, ésta verificará el cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias correspondientes a las ONGs y en caso de que detecte incumplimientos lo notificará a la PGR para que ésta proceda conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 51 de la Ley 122-05.

En tanto que el Ministerio de Hacienda se encargará de enviar al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, un reporte anual de las ONGs que recibieron exoneraciones fiscales en ese período para corroborar las informaciones suministradas por estas y documentarlas en la base de datos.

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro se comprometió a designar un cuerpo de inspectores para realizar visitas periódicas a los domicilios de las asociaciones, con el objetivo de confirmar y tener actualizado el domicilio social.

El convenio interinstitucional fue firmado en la sede de la Procuraduría General de la República y tendrá una vigencia de cuatro años a partir de su firma.

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