SANTO DOMINGO.- El director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, recibió en su despacho la visita de una comisión del Defensor del Pueblo, con la que agotó una agenda relacionada con medidas para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

La delegación la integraron Madeline González, abogada responsable de Atención a los Derechos de los Grupos Vulnerables; Rolkin Lorenzo, subdirector de la Dirección de Tutela de Derechos, y Última Santana, adscrita de la Dirección de Tutela de Derechos.

De su lado, por la Dirección General de Prisiones estuvieron presentes Annelice Roa, encargada de Salud, y el teniente coronel Julio García, encargado del Departamento Penitenciario Consular.

En la reunión ambos equipos socializaron propuestas y alternativas para el protocolo que regirá las visitas a los internos, los procedimientos para el traslado a los hospitales y las salas de audiencia, así como una norma para establecer el tiempo que deben permanecer en las celdas de aislamiento.

En esa dirección, el coronel Hernández Basilio acordó con los comisionados que solicitará al Ministerio de Salud Pública un informe sobre las medidas recomendadas para permitir el acceso de familiares de las personas privadas de libertad, en condiciones que permitan evitar la propagación de la COVID-19.

Se espera que la gestión penitenciaria del país genere reportes estadísticos periódicos, que permitan el conocimiento actualizado de la situación del sistema y medir el resultado de las acciones emprendidas para dignificar las condiciones de los internos.

El director de Prisiones también reveló que, esa dependencia del Ministerio Público designó a una comisión para investigar las denuncias de supuestas extorsiones, o peajes, en la Penitenciaría de La Victoria e invitó a los representantes del Defensor del Pueblo a integrarse a las indagatorias.

Detalló, además, que las autoridades utilizan perros amaestrados, a fin de detectar sustancias y artículos prohibidos en los recintos penitenciarios.

En su intervención, Madeline González, abogada responsable de Atención a los Derechos de los Grupos Vulnerables, solicitó mayor atención en materia de salud a los internos de La Victoria, debido a que, aseguró, muchos de ellos no cuentan con seguro de salud para los servicios médicos que puedan requerir.