SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El fiscal titular de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, informó hoy que el Ministerio Público gestiona una sanción contra el pelotero Carlos Martínez (El Tsunami), lanzador de los Cardenales de San Luis y las Águilas Cibaeñas, por su participación en una congregación multitudinaria que infringió las disposiciones oficiales para la prevención de la COVID-19.
El magistrado Bonilla explicó que hasta ahora el jugador de Grandes Ligas, quien este año perdió tiempo de juego debido a que padeció de COVID-19, no ha sido sancionado, porque, aunque se le ve en videos de la actividad, los agentes de policía actuantes no lo apresaron porque se había movido del lugar.
Por tanto, agregó, las multas por violación flagrante se limitaron a Dennisse Michelle Tejeda, así como a Jean Mario Dujarric Pérez, Jordania Vanessa Sarita Santos y Enmanuel Marino Valeyron López en el denominado Circuito POP y/o Caravana que se desplazó por los sectores del municipio San Felipe, provincia Puerto Plata.
“Ahora lo que el Ministerio Público está haciendo es requiriendo ante el tribunal los procesos pertinentes para también llamar al pelotero, como a los que organizaron el evento, que también deben tener una sanción”, dijo el fiscal de Puerto Plata en declaraciones para el programa La Súper 7 en la Mañana.
Explicó que las multas aplicadas a las personas citadas, que también debieron presentar disculpas públicas, se ampara en el estado de excepción aprobado en el Congreso y, en ese contexto, en la Ley General de Salud (42-01), que en su artículo 153 establece multas de uno a 10 salarios mínimos para los infractores.
Entre las acciones sancionables por esa norma se cita “incumplir con las medidas dispuestas por SESPAS para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles, al igual que prescripciones de carácter sanitario”.
Explicó que hasta ahora el Ministerio Público no ha comprobado que el lanzador de las Grandes Ligas haya sido organizador del evento festivo que reunió también a artistas urbanos, pero resaltó que su perfil de figura pública hace que sus actuaciones sean factibles de imitación, como al efecto se produjo con la multitud que se congregó en las calles de la provincia costera.
El magistrado agregó que hasta el momento las multas son las sanciones que la ley pone a disposición de la justicia para quienes infringen el toque de queda y el distanciamiento social, entre las medidas establecidas para prevenir contagios del coronavirus y que en caso de que los infractores no tengan dinero, se llega a acuerdos con las autoridades municipales para que realicen alguna labor comunitaria.
Ponderó que desde esa perspectiva puede tomar cuerpo la propuesta de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, de hacer que quienes violen el toque de queda realicen labores en los hospitales, cuyo personal lleva una carga pesada tratando de preservar la salud de quienes se contagian del coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19.
“Yo entiendo que la misma Ley de Salud permite que la propuesta que hizo la magistrada Yeni Berenice sea aplicable y me imagino que ella lo hace en función de esa legislación”, comentó.
Sin embargo, agregó que el alcance de dicha propuesta podría ampliarse si el Congreso, que actualmente legisla sobre el estado de emergencia, deja establecida esa modalidad de sanción en una nueva pieza.
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