SÁNCHEZ RAMÍREZ (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) realizó esta semana un amplio operativo de fiscalización de negocios que usan amplificadores de sonido en municipios de esta provincia, en el marco de las acciones de combate a la contaminación sónica que ejecuta en todo el país.
El recorrido se llevó a cabo también en respuesta a 15 denuncias ciudadanas que había recibido la entidad especializada del Ministerio Público, sobre la reproducción de música y otros sonidos en alto volumen, lo que atenta contra la salud y viola las disposiciones de la Ley 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras normas.
Durante el operativo, los representantes de Proedemaren ocuparon 58 bocinas, 48 cajones y 33 altavoces de alta frecuencia, conocidos como “tweeters”, junto a otros dispositivos y accesorios para la amplificación de sonido. Las autoridades actuantes, también ocuparon ocho narguiles, o hookahs, cuyo uso está prohibido por Ley 16-19.
En un comunicado de prensa, el organismo indicó que, además de la Ley 64-00, las acciones cometidas por los dueños o administradores de los negocios y vehículos intervenidos violan las normas derivadas de las leyes 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora, y 90-19, que la modifica.
La fiscalización se llevó a cabo en barrios y comunidades de los municipios Cotuí y La Mata e incluyó establecimientos como LP Drink, Cafetería Andreina, “La Pampara Lounge”, DD VIP el Amarillo, “The Clases Chicas Bar”, “Chávez Bar And Lounge”, Centro Cervecero 849 y El Mesón, además de varios vehículos que reproducían música de forma estridente.
La jornada se desarrolló bajo la orientación de los representantes del Ministerio Público Rudy Alberto Pérez Medrano y Héctor Peralta, designados para ese fin por el titular nacional de la Proedemaren, Francisco Contreras.
Asimismo, contó con el apoyo de agentes del Departamento Anti-ruido de la Policía Nacional y con la participación del Ministerio de Interior y Policía, representado por Ángel Báez, encargado de Operaciones del Viceministerio de Convivencia Pacífica.
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