SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló este martes que el Ministerio Público sigue sumando presupuestos probatorios al expediente del Caso Coral, los cuales agravan el cúmulo de los delitos cometidos por los imputados y fortalecen una acusación que ya era robusta.
“Es justo señalar que, para el conocimiento de esta audiencia para el día de hoy, en la que el Ministerio Público estaba listo para conocerla de manera presencial, depositamos ante la Secretaría del tribunal nuevos presupuestos”, dijo Camacho.
Explicó que las diligencias investigativas llevan a aportar pruebas que vuelven más compleja la situación frente al sistema de justicia de los involucrados en el expediente del Caso Coral, del que forma parte el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
El representante del Ministerio Público ofreció la información al responder preguntas de la prensa, a la salida de la sala del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en donde se conocería la revisión de la medida de coerción impuesta a los imputados en el referido caso de corrupción, que quedó aplazada.
“La audiencia de hoy, de revisión obligatoria del Caso Coral, fue aplazada a solicitud de partes y esto sucede porque la modalidad en la que el tribunal estaba conociendo la audiencia era una modalidad mixta; o sea, parte presencial y parte virtual”, dijo.
“Nosotros entendemos que este caso, con las complejidades que tiene, debe ser conocido de manera presencial, así lo solicitamos al tribunal y el tribunal así lo ha acogido y ha fijado el conocimiento de esta audiencia para el próximo 27 de agosto”, explicó el procurador adjunto sobre las razones de la suspensión.
Respecto a la imputada Rossy Guzmán, el titular de la Pepca señaló que las defensas siguen sin aportar elementos que lleven a desmeritar los presupuestos aportados por el Ministerio Público o que justifiquen variar la medida cautelar de prisión preventiva.
“Una de las cuestiones que se han presentado en el día de hoy en el tribunal es que las defensas no han presentado presupuestos y el Ministerio Público sí ha presentado presupuestos, que es lo que les estamos comentando recientemente, y esos presupuestos dicen que la situación de hoy es mucho más grave que la del conocimiento de la medida de coerción; por ende, entendemos que cada una de las medidas de coerción que han sido impuestas deberán mantenerse”, dijo.
Camacho también indicó que la investigación continúa en desarrollo y que con su avance se siguen sumando nuevos elementos, muchos de los cuales han sido entregados al tribunal.
“Esta es una investigación que sigue evolucionando y a la medida que evoluciona, hemos ido identificando otros bienes, hemos ido identificando otras líneas de investigación, y parte de esa información, no toda, la hemos compartido con el tribunal, para demostrar que se debe mantener las medidas de coerción que se han impuesto hasta ahora”.
Además de Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, por el Caso Coral son procesados el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. El grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario vigilado e impedimento de salida del país.
Este entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente con el abultamiento de la nómina. También realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
En las investigaciones que ha desarrollado el Ministerio Público, luego de que les fuera impuesto un año y seis meses de prisión preventiva a varios de los implicados, se comprobó que los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En torno a estos hallazgos, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
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