SANTO DOMINGO.- Extender en 4 meses adicionales el plazo para las investigaciones que sobre los sobornos pagados en el país por la empresa Odebrecht efectúa el Ministerio Público, permitirá completar decenas de diligencias de cooperación jurídica internacional y cientos de gestiones locales de información, que han surgido durante la ampliación de las pesquisas realizadas dentro del plazo inicial otorgado por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la Instrucción Especial.

La información fue ofrecida este jueves a través de un comunicado institucional divulgado por la dirección de comunicaciones y prensa de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual destacó que es indispensable que el magistrado Ortega otorgue la solicitud que a tales fines ese organismo le presentó formalmente el pasado 19 de enero, resaltando que la misma es totalmente procedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 370 de Código Procesal Penal.

La declaración consigna que es imprescindible extender por 4 meses adicionales el indicado plazo, debido a que esto permitirá seguir profundizando más las investigaciones efectuadas hasta el momento por el Ministerio Público y esclarecer completamente hallazgos adicionales obtenidos durante los últimos 8 meses, lo cual a su vez, permitirá depositar una acusación mucho más robusta, que garantice obtener condenas contra quienes sean formalmente imputados.

Igualmente, la PGR explicó que esta solicitud partió de una recomendación de los fiscales de carrera a cargo de la investigación del caso, la cual, el procurador general acogió porque respeta, valora y confía en el arduo trabajo de ese equipo, destacando que todos los casos complejos manejados hasta ahora por el Ministerio Público han contado con un plazo mínimo de 12 meses, por lo que entiende sería insólito, que para este, que es el de mayor complicación investigativa en toda la historia del sistema, no se otorgue la solicitada extensión.

El organismo dijo además, que la solicitud presentada ante el Juez Ortega fue justificada presentándole las diligencias en curso y la documentación pendiente de entrega por autoridades locales e internacionales, por lo que confía plenamente que dentro de un criterio objetivo y para bien del proceso investigativo, el magistrado tenga a bien aprobar la requerida prolongación del plazo.

La Procuraduría expresó que toda persona que resulte con responsabilidad penal en estos ilícitos, también será puesta a disposición de la justicia, sin importar quien sea, la posición pública o privada que ocupe, ni el partido u organización a la cual pertenezca, indicando que estos detalles se conocerán en el momento en que el Ministerio Público deposite la acusación formal correspondiente o en caso de que antes se solicite imponer algún tipo de medidas de coerción en su contra.

Asimismo, el comunicado señala que para seguir desmantelando la compleja forma en que operaba la estructura conformada por Odebrecht y algunos de los encartados para pagar los sobornos locales, el equipo de fiscales a cargo de ampliar la investigación seguirá trabajando arduamente, en estrecha colaboración con autoridades nacionales y de otros países, siempre bajo la reserva legal obligatoria dispuesta por el Código Procesal Penal en su Artículo 291, precisamente para salvaguardar diligencias como las que están en proceso.

La institución puntualizó que gracias a la fortaleza del trabajo investigativo realizado en el país, hasta el momento por este caso están encartadas 14 personas, incluidos 3 legisladores que todavía gozan de inmunidad parlamentaria a pesar de que ese organismo solicitó que les fuera retirada. También 1 ex diputado, 8 ex funcionarios públicos, un abogado y el representante comercial de Odebrecht en República Dominicana.

Recordó que por la robusteza de los indicios recabados, 11 de esos encartados fueron apresados, quienes luego, contrario a lo requerido por el Ministerio Público, sin haber variado los presupuestos de sustento, posteriormente fueron puestos en libertad provisional por disposición de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y del Juez a cargo de la Instrucción Especial, mediante la imposición de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

Dijo que la solicitud de extensión del plazo también incluye mantener las medidas de coerción que sujetan a los encartados Juan Temístocles Montás; Tommy Alberto Galán Grullón; Julio César Valentín Jiminián; Alfredo Pacheco Osoria; Ángel Rondón Rijo; Víctor José Díaz Rúa; César Domingo Sánchez Torres; Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García; Ruddy González; Bernardo Antonio Castellanos de Moya; Máximo Leónidas de Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.