SANTO DOMINGO (República Dominicana). – La Fiscalía del distrito judicial Santo Domingo Oeste logró una condena de 20 años en prisión contra dos hombres acusados de traficar sustancias controladas y portar armas de fuego de manera ilegal.

El Ministerio Público comprobó ante el Tercer Tribunal Colegiado, compuesto por los jueces Sandra Josefina Cruz Rosario, presidente; Joan Eduardo Rodríguez Cruz, juez suplente, y Cecilia Toribio Melo, que los imputados Viade Medina y Ramón Guevara incurrieron en el delito de tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de arma.

La acusación instrumentada por el Ministerio Público de esta demarcación precisa que Medina y Guevara fueron arrestados en flagrante delito a bordo de un vehículo tipo camión de carga (cama cerrada), marca Daihatsu, color blanco, placa L-205034, modelo V11 8L HY, identificado desde el exterior con el nombre comercial Transporte Medina Mudanzas y Acarreo.

Entre los hallazgos se contabilizan 25 bultos marcas Air Express y Platini con un total de 1,145 libras de un polvo blanco, envueltos en cinta adhesiva, que luego de ser analizado por el laboratorio químico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se determinó que los paquetes resultaron ser cocaína clorhidratada.

En la pesquisa, las autoridades también encontraron un fusil M-16, A-1, calibre 5.56 milímetros, número 0916476, modificado en su culata y guardamano, con una mira láser posterior 1×35, un cargador para dicha arma, con 30 cápsulas, así como una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, de numeración ETN941 con cargador y 18 cápsulas.

El arresto en flagrancia en contra de los dos imputados se ejecutó a las 2:55 de la tarde del pasado 15 de diciembre de 2015, en momentos en que los encartados resultaron sospechosos cuando estos se desplazaban desde Barahona hacia la ciudad capital, donde finalmente fueron interceptados en la carretera 6 de Noviembre.

Esos hechos constituyen violaciones a los artículos 5 letra A, 28, 34, 35-B, 58-A, 59, 60 párrafo, 75 párrafo II, 85-A, B, C, y H de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

En la investigación se recabaron pruebas testimoniales, periciales y documentales, aportadas al tribunal para demostrar de manera irrefutable los actos cometidos por los acusados.

El Ministerio Público logró que fueran declarados culpables y que se dictara en su contra la sentencia que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional La Victoria.