SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Como parte de las medidas para adelantar la aplicación de la nueva ley sobre Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana, la procuradora general Miriam Germán Brito asignó a Roberto Hernández Basilio y a Hilda Patricia Lagombra Polanco nuevas responsabilidades en la administración y operatividad de los recintos carcelarios.
Hernández Basilio pasará a encabezar la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el órgano responsable de aplicar las políticas de la Procuraduría General en la custodia y la atención de los privados de libertad.
Mientras, Lagombra Polanco liderará la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación, una dependencia establecida en el Artículo 35 de la Ley 113-21, para regir el sistema de los centros de corrección y rehabilitación distribuidos en todo el país.
El Artículo 11 de dicha ley establece: “la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, antigua Dirección de Prisiones, es el órgano, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, responsable de aplicar y hacer valer las políticas públicas en materia correccional”.
Hernández Basilio ocupa la Dirección General de Prisiones desde el 9 de septiembre de 2020 y Lagombra Polanco ejerce como coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP) desde el 21 de agosto de 2020, amparada en una designación de la procuradora general, así como en una licencia que le otorgó el Consejo Superior del Ministerio Público en su condición de fiscalizadora de Puerto Plata, la cual se espera sea extendida por un año más a raíz de su nueva responsabilidad.
Germán Brito hizo el anuncio después de sostener una reunión de trabajo con ambos funcionarios, junto al procurador de corte Jhonatan Baró Gutiérrez, coordinador del Gabinete Penitenciario, y el director técnico del Despacho de la Procuradora, Félix Tena de Sosa.
Recordó que, como parte de la adaptación de la estructura para la aplicación de la Ley 113-21, del 23 de abril de 2021, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana, procederá a unificar la gestión administrativa y financiera de la Dirección General de Prisiones, el Modelo de Gestión Penitenciaria, la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Dinaia) y la Escuela Nacional Penitenciaria, todo bajo la coordinación de la Dirección General Administrativa del Ministerio Público.
Ponderó los trabajos que vienen realizando los actores del sistema sobre el nuevo reglamento que complementará las reformas que introduce la Ley 113-21. Además, confió en que el documento pronto será puesto a disposición de todos los sectores sociales del país interesados en aportar a su fortalecimiento para que puedan opinar antes de que los órganos correspondientes procedan a su aprobación final.
En la reunión, celebrada en el Despacho de la Procuradora General, Hernández Basilio, Lagombra Polanco y Baró Gutiérrez expusieron parte de los desafíos que tiene que superar el Sistema Penitenciario y Correccional, los cuales van desde una mejoría a las condiciones de los agentes penitenciarios hasta seguir trabajando por la optimización de los servicios básicos a los privados de libertad en los aspectos del alojamiento y la alimentación.
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