AZUA (República Dominicana).- La Dirección General de Prisiones puso a disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el espacio donde operará la oficina de esa entidad, que velará por la integridad de los privados de libertad del recinto carcelario ubicado en el 15 de Azua.

El director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, recibió a una delegación de la CNDH que dejó inaugurada la Oficina de Derechos Humanos del centro de privación de libertad, una instancia independiente que velará por el trato digno a los internos y contribuirá a la transformación del sistema penitenciario que impulsa la Procuraduría General de la República.

La CNDH ofrecerá un servicio de veeduría, alertas oportunas e informes periódicos a las autoridades, sobre actos que atenten contra los derechos de las personas privadas de libertad.

El 15 de Azua alberga en la actualidad a 491 internos y recibe condenados y preventivos desde diferentes jurisdicciones, incluso el Gran Santo Domingo.

La delegación instalada en el lugar mantendrá una veeduría permanente sobre el tratamiento de las autoridades a los reclusos, las condiciones del centro en aspectos como la alimentación y la salud, así como el oportuno traslado de los internos a las citas de sus respectivos procesos judiciales.

El acto de apertura de esta oficina, la segunda después de la que funciona en La Victoria desde octubre pasado, estuvo encabezado por el coronel Hernández Basilio; el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes; el procurador de la Corte de Apelación de Azua, Dante Castillo, y el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo. Participaron, además, funcionarios civiles, policiales y militares de la Dirección General de Prisiones, el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía.

Hernández Basilio explicó que esta iniciativa responde al propósito de las autoridades en la Procuraduría General de la República de avanzar en el proceso de transformación del sistema penitenciario, al cabo del cual todos los recintos de privación de libertad pertenecerán al Modelo de Gestión Penitenciaria, que sirve de referente internacional en cuanto al trato digno a los internos.

Dijo que mientras ese proceso avanza, la Dirección General de Prisiones se complace de contar con las instituciones interesadas en que el país supere las condiciones infrahumanas y abusivas que por décadas se han impuesto en el sistema penitenciario. Avanzó que, para los próximos meses, se prevé abrir en el penal un taller de ebanistería y una panadería, que beneficiarían a los internos con capacitación y ocupación laboral.

“Hemos tenido mejoras contundentes y fehacientes de los servicios de salud, los servicios de alimentación, de transporte hacia sus audiencias, y qué más que contar con esta oficina que será como un elemento de control, de veeduría y de fiscalización de esas operaciones”, expuso.

Manuel María Mercedes resaltó que las oficinas de derechos humanos se apoyan en un acuerdo con la Procuraduría que data de 2014 y reconoció el empeño y la apertura de la actual gestión para acoger la preocupación de la sociedad por las condiciones de vida de los privados de libertad.

Que el sistema de justicia cuente con dos oficinas independientes para velar por los derechos de los internos representa un hito no solo para el país, sino en el plano internacional, aseguró el diputado Restituyo, quien expresó la determinación de los congresistas de cumplir con su deber de fiscalizar a las autoridades, pero también el de legislar para apoyar la transformación del sistema penitenciario.

La oficina, instalada junto al dispensario médico del centro de privación de libertad, cuenta con computadora e impresora, además del mobiliario necesario para que la delegación designada reciba allí las informaciones del funcionamiento del centro y establezca comunicación con las autoridades.