MONTECRISTI (República Dominicana).– La jueza de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi, Javiera Antonia Gómez, fijó para el próximo viernes 24 de este mes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción realizada por el Ministerio Público en contra de 15 imputados pertenecientes a una red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos que fue desarticulada la madrugada del pasado domingo en la Operación Frontera.

En la solicitud de la medida de coerción depositada el lunes por la fiscal titular interina de Montecristi, Dinorah Liberato Rojas, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso,  en contra de los 15 imputados por la violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un  delito  la  Trata y Tráfico de Personas.

En la operación coordinada por la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, junto a la fiscal titular de esta jurisdicción, Grimaldi Oviedo Meran, y la también fiscal Yohanny Herrera y  la licenciada Giselle González, en la que se recibió apoyo del Comandante General del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, fueron arrestados: Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes han sido identificados como cabecillas de esta red tráfico de migrantes desde Haití.

Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.

Así como también los miembros del Ejército Dominicano, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.

En los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.

Entre las evidencias ocupadas por los fiscales a los arrestados que integran la presente estructura criminal, se destacan: documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes), celulares, computadoras entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas.

La desarticulación de la organización criminal fue posible por la ardua labor de inteligencia e investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de  la  Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Montecristi, conjuntamente con la División Especial de Crímenes Transna­cionales (DEIDET), el apoyo en la ejecución de la operación del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la policía Nacional  y  la  ONG Anti Tráfic Beauro Antitrafficking Bureau (ATB).