SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) valoró la disposición del Colegio Médico Dominicano (CMD) a integrarse a un programa que, por razones de humanidad, agilice la salida de las cárceles de aquellos privados de libertad con enfermedades avanzadas sobre las que los profesionales de la salud recomienden seguir un tratamiento en el seno del hogar.
Roberto Hernández Basilio, titular de la DGSPC, recordó que se trata de un tema de alta prioridad para la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito que las personas privadas de libertad tengan acceso oportuno a los servicios de salud.
“Todos estamos de acuerdo, y los primeros que lo entienden son los fiscales, que una persona con una enfermedad avanzada si se traslada a su hogar puede tener, además de las atenciones de salud que les brinda el sector público, un cuidado afectivo especial, al estar rodeada de familiares y amigos”, indicó Hernández Basilio.
“La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales mantiene una visión humanista de los hombres y mujeres que acoge en todos sus recintos; por humanidad y por respeto, aplicamos un tratamiento penitenciario basado en la alianza con instituciones del área de la salud pública, organizaciones no gubernamentales y personalidades de la sociedad civil”, dijo.
Valoró la preocupación permanente de la Oficina Nacional de Defensa Pública. “Aunque debemos recordar, con el mejor ánimo de entendimiento, que en la DGSPC tenemos siempre las puertas abiertas para evitar informaciones erradas o no contrastadas que pudieran terminar siendo reproducidas por medios de prensa y que, sin querer, en vez de edificar terminan distorsionando la realidad”, añadió.
Hernández Basilio informó que, desde que tenga respuesta a una solicitud formal que hizo a la Defensa Pública para que se integre, la DGSPC establecerá una mesa de trabajo enfocada en buscar soluciones a los aspectos que deben mejorar en las cárceles conforme a su informe relativo al año 2022. En esa mesa, resaltó, deberá tener una participación relevante el juez de la Ejecución de la Pena, responsable de controlar el cumplimiento adecuado de las sanciones y de garantizar los derechos fundamentales de las personas condenadas.
Recordó que ya existe una mesa de trabajo multisectorial en la que participan las instituciones del sistema de justicia, en la cual se debaten y tratan los temas relativos al sistema penitenciario.
Destacó que la Procuraduría General de la República ha motorizado, a través de la DGSPC, acuerdos interinstitucionales con diversas entidades, como el Servicio Nacional de Salud (SNS), lo cual ha permitido que los más de 25 mil privados de libertad del sistema penitenciario puedan ser afiliados de manera subsidiada al seguro nacional de salud.
Además, que 17 médicos adicionales a los que prestan servicios permanentes fueran designados por el SNS en el centro de privación de libertad de La Victoria.
Hernández Basilio destacó que, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los privados de libertad reciben asistencia médica gratuita en los hospitales públicos del país, luego de la creación del Departamento de Gestión de la Calidad, que, junto a la Red de Hospitales, se encarga de programarles citas para chequeos, estudios, cirugías o llevarlos a las emergencias.
Además, a nivel nacional se desarrollan jornadas médicas en las áreas de odontología, ginecología, oftalmología, entre otras especialidades.
Para la detección de enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis (TB) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la Fundación Génesis, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el SNS realizaron jornadas que servirán para mitigar dichas enfermedades.
Las jornadas permitieron, por ejemplo, que todas las privadas de libertad de Najayo Mujeres e Higüey se mantuvieran al día en el seguimiento a sus servicios de asistencia médica ginecológica.
“Estas acciones han permitido la reducción de la mortalidad en la población penitenciaria, debido a que se ha dado prioridad a la asistencia en salud de las personas alojadas en los recintos”, destacó Hernández Basilio.
Recordó que el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida) trabaja en la identificación de espacios para la instalación de áreas de detección de la enfermedad. Solo en este mes de mayo sus médicos y enfermeras tuvieron contacto con más de 800 privados de libertad a los que beneficiaron con orientación o atenciones en los casos requeridos.
El personal de la DGSP viabilizó que atendieran un total de 1,933 emergencias médicas a hospitales públicos y 23,492 consultas rutinarias en los dispensarios de salud que funcionan en los centros. Las jornadas oftalmológicas alcanzaron a un total de 4,300 privados de libertad.
En coordinación con el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo (Promesacal) han sido instaladas dos boticas populares en La Victoria, permitiendo que los usuarios del sistema puedan adquirir medicamentos básicos a bajo costo.
A esto se suman las donaciones que en materia de salud realizan entidades, instituciones oficiales y personalidades de la vida nacional, como el Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República que suministra medicamentos al sistema penitenciario.
Hernández Basilio recordó que, durante este mes, en visita a los centros de La Victoria y Najayo, 17 y 20, el reconocido filántropo Antonio Cruz Jiminián dejó conformado, en coordinación con la DGSPC, un patronato de ayuda a la gestión de la salud en el sistema penitenciario, que incluye donación de equipos de oficina, equipos médicos y medicamentos, lo que de inmediato quedó iniciado con la primera entrega de fármacos.
Hernández Basilio resaltó que, de 26,300 personas privadas de libertad en 2020, la población penitenciaria se redujo a 25,353 (alrededor de un 4%).
“El hacinamiento es un reto histórico del sistema penitenciario; sin embargo, debemos destacar que más de la mitad de la población privada de libertad que padece problemas de salud se aloja en centros de corrección y rehabilitación que no están hacinados, precisamente para que puedan tener una atención sanitaria más oportuna”, añadió Hernández Basilio.
Indicó que los adultos mayores que guardan prisión en el centro de Boca Chica y que califiquen, conforme a las reglamentaciones, serán trasladados hasta el centro de Haras Nacionales para resguardar su integridad y dignidad, debido a que el recinto que ocupan será convertido en una academia militar.
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