SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha trabajado todas y cada una de las auditorías que le ha remitido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por lo que debido a las investigaciones realizadas a partir de las mismas, ha obtenido unas 15 sentencias condenatorias y actualmente existen 13 procesos abiertos en diferentes instancias de los tribunales del país.
La información está contenida en un comunicado de la PEPCA divulgado por la Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se indica que en este momento ese organismo especializado únicamente tiene 20 auditorías en proceso simultáneo de análisis y validación, así como otras 27 que a la misma vez están bajo investigación penal preliminar.
La declaración señala que por carecer de evidencias que comprueben delitos penales, otras de esas auditorías han terminado en decisiones de archivo, descargo o absolución, mientras que el resto mayormente proviene de hace cerca de 10 años y en ese entonces fueron enviadas a fiscalías de diferentes localidades para realizar las investigaciones de rigor, sin que, según figura en los registros de aquel tiempo, arrojarán la existencia fehaciente de infracciones punitivas.
El organismo anticorrupción propone establecer protocolos para que cuando en la aplicación de procedimientos de control interno y fiscalización externa se detecten señales de irregularidades graves, las instituciones estatales a cargo notifiquen esos hallazgos al Ministerio Público para que éste pueda anticipar las indagatorias de lugar y actuar como corresponda en cada caso.
Asimismo, la PEPCA resalta que los resultados de las auditorías que le remite la Cámara de Cuentas no equivalen a sentencias condenatorias por corrupción y los mismos normalmente carecen de méritos para iniciar automáticamente procesos ante tribunales, pues en su mayoría solo arrojan faltas administrativas, que primariamente no constituyen delitos de tipo penal.
El comunicado destaca que debido a que precisamente esas auditorías que le envía el órgano estatal de fiscalización externa, por sí solas no son suficientes para iniciar sometimientos judiciales, cuando las mismas se reciben en la PEPCA son sometidas a un proceso de análisis y validación que requiere tiempo, el cual tiene como finalidad esclarecer en cuales verdaderamente existen señales concretas de infracciones punitivas.
La PEPCA expresa asimismo que si esa meticulosa comprobación arroja que en alguna de esas auditorías realmente existen indicios fuertes de delitos de tipo penal, sin ningún tipo de discriminación, se procede a iniciar la investigación preliminar de rigor, proceso éste que también conlleva tiempo.
Igualmente, el organismo enfatiza que cuando se determina con veracidad la existencia de delitos penales en alguna de esas auditorías, en forma oportuna y sin distinción, se elabora el sometimiento judicial que corresponda en contra de quienes sean los responsables, lo cual suele ocurrir un tiempo después de finalizar la investigación preliminar, porque es fundamental preparar bien esos tipos de actos, antes de presentarlos ante los tribunales.
En este sentido, la PEPCA explica que es imprescindible agotar estos procedimientos, para en los casos que tengan méritos proceder a presentar expedientes robustos que garanticen resultados, como ocurrió con las condenas por desfalco en el Ayuntamiento de San Cristóbal, en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, en el Programa de Reducción de Apagones y en las Juntas de los Distritos Municipales de Cabarete y La Bija.
También, pone como ejemplo el envío a juicio por malversar fondos públicos en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el Ayuntamiento del municipio de La Romana, en la Junta del Distrito Municipal de Las Terrenas y en la Alcaldía de San Francisco de Macorís, en este último caso, tras la PEPCA lograr la revocación de una sentencia de No Ha Lugar.
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