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Ministerio Público: Ángel Rondón constituyó un entramado de varias empresas para lavar dinero ilícito de los sobornos de Odebrecht 

Reafirmó que, para el lavado de activos, el imputado realizaba transferencia de fondos fruto del soborno desde las firmas Lashan y Conamsa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al iniciar este lunes con la  presentación de sus alegatos de clausura en el juicio de fondo del Caso Odebrecht, que se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público mostró que el imputado Ángel Rondón Rijo constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito.

En el inicio de la jornada, la fiscal Mirna Ortiz se apoyó en recursos audiovisuales para el desarrollo de sus alegatos que sustentan la acusación contra Rondón Rijo. Planteó que el imputado, como parte de sus actividades para el lavado de activos, realizaba transferencias de fondos que son fruto del soborno desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa hacia otras de sus firmas.

Destacó que en las pruebas correspondientes a los informes financieros aportadas por el Ministerio Público se evidencian las transacciones realizadas desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las cuentas de compañías del procesado.

En su discurso de clausura, Ortiz indicó que los vínculos políticos y sociales de Rondón le permitían realizar las transacciones y las conexiones necesarias para la obtención de las obras.

“Estos hechos no solo quedaron demostrados con la oferta probatoria del Ministerio Público, consistente en la prueba común 1.4, que son los datos de corroboración que fueron incorporados por lectura en este tribunal, sino también que la propia prueba a descargo del señor Rondón realiza esta afirmación al establecer que el señor Ángel Rondón era próspero empresario, que tenía grandes vínculos políticos y sociales”, señaló.

Agregó que vídeos proyectados en el juicio muestran la próspera carrera y vida social y comercial en el que se le ve con grandes figuras del orden político de distintos partidos  y distintas personalidades del ámbito social, lo que le permitió realizar las funciones para las cuales Odebrecht le había requerido.

El Ministerio Público estableció que la admisión de responsabilidad en la comisión de actos de corrupción hecha por la empresa Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no solamente encuentra su soporte en las declaraciones del testigo Mauricio Dantas Bezerra, sino en las declaraciones de la testigo María Eugenia Batista.

La fiscal Ortiz dijo que durante la investigación el Ministerio Público obtuvo elementos que dan fe del vínculo del imputado Ángel Rondón Rijo con los demás encartados en el proceso.

En el inicio de la jornada, la fiscal Ortiz deploró los actos de corrupción administrativa, los cuales dijo que impiden el desarrollo de áreas tan importantes como el servicio de la salud.

Luego de que Ortiz finalizara sus planteamientos respecto a Rondón Rijo, el fiscal Joel López continuó con la exposición de la conclusión respecto a los sobornos entregados a Tommy Alberto Galán Grullón.

El representante del Ministerio Público dijo que el tribunal ha podido comprobar durante el juicio cómo Galán Grullón fue aumentando sus ingresos de forma ilegítima.

Explicó, durante su intervención, que su crecimiento patrimonial se produjo cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo, “cuando se estaban desarrollando las obras de importancia que realizó esa compañía en el país”.

En la actual fase del proceso, el Ministerio Público expone sus conclusiones respecto a la acusación presentada en contra del representante empresarial Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, así como de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras  Públicas y director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa; Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado, y Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal.

Les imputa haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país con el fin de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron este lunes la reanudación del juicio, luego de que fuera suspendido el pasado 15 de julio para dar tiempo a las partes de preparar sus discursos de clausura.

Luego de un receso al mediodía, la audiencia continuaba su desarrollo en horas de la tarde de este lunes 26 de julio.

 

 

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