SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este apelará esta semana la medida de coerción de un mes de prisión preventiva que le impuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción al imputado Julio César de la Rosa Ávila, quien presuntamente dirigía una red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos producto de esa actividad ilícita.
El órgano persecutor indicó que el pasado mes fue desmantelada dicha red y apresado César de la Rosa Ávila junto a su esposa María Cristina Ortiz y se procedió a la clausura del establecimiento de su propiedad El Ejecutivo Café Bar, del sector Alma Rosa, donde fueron rescatadas 20 mujeres víctimas de esos delitos.
Sobre la medida de coerción impuesta a De La Rosa Ávila, indicó que el tribunal le impuso un mes de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Abierto de Haras Nacionales, obviando la petición del Ministerio Publico que solicitó un año de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso, por ser el presunto cabecilla de la red, según establecen las investigaciones de inteligencia a cargo de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
En relación a María Cristina Ortiz de La Rosa, indicó que le fue impuesta la medida de coerción de presentación periódica ante el fiscal a cargo del caso, tal como fue solicitado por el Ministerio Público, atendiendo a que ella es madre de un niño que padece de una enfermedad grave y así pueda continuar encargándose de sus atenciones médicas.
El Ministerio Público informó que apelará la medida cautelar impuesta a César de la Rosa Ávila en virtud de que el tribunal en su decisión no estableció los motivos para rechazar la solicitud de un año de prisión preventiva en contra del imputado, además de que no se refirió a la petición de declaratoria de complejidad del caso.
Indicó que al analizar la decisión del tribunal, también encontraron contradicción en las motivaciones a su propia decisión, porque en el escrito se establece que el imputado presentó suficientes presupuestos, pero más adelante rechaza los presupuestos de la defensa del mismo imputado, imponiéndole la prisión de solo un mes.
Igualmente, señaló que tampoco motivó su decisión de disponer el cumplimiento de la medida cautelar en el CCR abierto de Haras Nacionales cuando realmente le corresponde cumplirla en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
La institución del sistema de justicia destacó que el tribunal adoptó su decisión a pesar de reconocer las pruebas y lo completo del expediente presentado por el Ministerio Público y a la vez reconocer que ciertamente había motivos de responsabilidad penal en la investigación.
Se recuerda que los imputados fueron apresados a final del pasado mes en momentos en que desplazaban por la avenida San Vicente de Paúl a bordo de un vehículo Jeep marca Hummer, durante un amplio operativo realizado mediante orden judicial en distintas zonas del municipio Santo Domingo Este, así como en varias zonas del Distrito Nacional y Juan Dolio.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público destacó que presentó ante el tribunal un grueso expediente, conteniendo abundantes evidencias sobre el accionar de esta red que de acuerdo a las investigaciones operó por más de 15 años y se benefició con lavado de dinero de la prostitución de decenas de mujeres víctimas del proxenetismo.
Indicó que cuentan con suficientes evidencias que los vinculan a las citadas actividades ilícitas, que constituyen una violación a los artículos 265, 266 y 334 del Código Penal Dominicano, la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito Migrantes y Trata de Personas, y a la Ley No. 155-17 sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, así como a la Ley No. 631-16 sobre Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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