SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho dijo este lunes que el imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno sigue sin presentar pruebas que demuestren que US$6.6 millones que recibió de parte de Odebrecht fueron facturados como cobro de honorarios profesionales a la firma constructora.
“Una de las características que tiene la verdad es que se organiza sola. Nosotros hemos dicho que Conrado Pittaluga recibió más de 231 millones de pesos y eso a la tasa del año 2009, y lo hemos indicado así, eran unos 6.6 millones de dólares”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho respondió a periodistas que cubren el juicio de fondo que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Pittaluga Arzeno y los demás imputados por distribuir o recibir sobornos de los US$92 millones que Odebrecht confesó que repartió en República Dominicana para agenciarse la adjudicación de obras pagadas con fondos de los contribuyentes.
“Todavía es el momento en que estamos esperando que la defensa de Conrado Pittaluga, más que explicaciones, presente un recibo, un “papelito” o lo que sea que diga que ese pago ha sido de honorarios”, enfatizó Camacho.
“Nadie puede pensar…, nadie, humanamente puede pensar, que una empresa va a pagar 6.6 millones de dólares, es decir, más de 230 millones de pesos, y no va a haber un solo recibo que diga que es el pago de honorarios”, apuntó.
Insistió en que la citada suma se erogó en sobornos. “Otra cosa, Conrado dice que él no firmó un contrato con Odebrecht, sino que ese contrato lo firmó con el consorcio Autopista del Coral. ¡Oh, sorpresa!, no es Autopista del Coral que le paga: quien le paga es Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas”, dijo.
“Y los pagos que salían del Departamento de Operaciones Estructuradas eran, específicamente, para pagos de sobornos y para el financiamiento ilícito de campaña política”, añadió Camacho a su salida del tribunal que encabezan las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Camacho recordó que ningún pago del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht era lícito, tras señalar que desde esa estructura delictiva recibió el dinero el abogado Conrado Pittaluga.
El titular de la Pepca destacó que los testigos Mauricio Dantas Bezerra y Rodrigo Maluf Cardoso declararon ante el tribunal que los contratos eran ficticios y que se firmaron para poder mover el dinero en el sistema financiero.
Especificó que los testigos a cargo del Ministerio Público dijeron, incluso, en audiencia que el dinero que se entregó a Conrado Pittaluga, era un dinero que iba dirigido directamente al imputado Víctor Díaz Rúa. “Ese es un tema que está probado en el tribunal, que ese dinero se recibió para el pago de sobornos”, señaló.
Las juezas Méndez, Yunes y Naranjo, en la etapa final del juicio escuchan los argumentos y discursos de cierre de las partes, respecto a la acusación del Ministerio Público por los sobornos de Odebrecht.
Este lunes los abogados de la defensa de Pittaluga Arzeno continuaron exponiendo sus alegatos respecto a la acusación por los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
Los representantes de la Pepca pidieron al tribunal en audiencias anteriores, al presentar su discurso de clausura, que el imputado Pittaluga Arzeno, fuera condenado a 7 años de prisión.
También, pidieron condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
En tanto que condenas de 5 años de prisión pidieron para los también procesados por este caso, Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Igualmente, pidieron que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
La acusación del Ministerio Público destaca que este órgano persecutor de la corrupción pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a los imputados, quienes producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios, con montos millonarios que no pueden justificar.
El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta este martes 21 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que continuará escuchando a la defensa de Pittaluga Arzeno exponer su discurso de cierre.
Además del abogado Pittaluga, por este caso de corrupción administrativa también son procesados, Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Porfirio Andrés Bautista García; el exsenador de San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
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