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Ministerio Público desarrolla acciones para procesar a los responsables de fabricar y comercializar bebidas alcohólicas que han costado la vida a decenas de personas

La vicepresidenta Raquel Peña encabeza un encuentro con los responsables de perseguir este delito así como con industriales y empresarios

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Ministerio Público reafirmó este lunes que investiga los casos de bebidas alcohólicas elaboradas de forma clandestina y comercializadas de manera ilegal como una manifestación del crimen organizado que pone en peligro la vida de los ciudadanos, afecta la salud, a la industria local y al lícito comercio.

Tras participar en una reunión con el Poder Ejecutivo, encabezada por Raquel Peña, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, y representantes del sector público, industrial y empresarial, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, aseguró que las autoridades serán “persistentes en sus acciones para frenar esta práctica que ya ha costado muchas vidas en el país”.

Reynoso  detalló que las investigaciones que encabeza el Ministerio Público abarcan la distribución de las bebidas que han causado 47 muertes así como la intoxicación de 109 personas, según registros oficiales; además del entramado criminal involucrado.

“Las implicaciones penales de este tipo de comercio irregular que afecta la salud y la vida de las personas alcanza una amplia variedad de ilícitos penales. Incluso, como se originan del objetivo de obtener activos, califican como delitos precedentes del lavado”, explicó Reynoso.

Como responsable del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Peña, externó el compromiso que tiene el Gobierno central de trabajar de forma mancomunada con todos los actores necesarios para, unidos, frenar la fabricación y comercialización de este tipo de bebidas, las cuales incluyen como ingredientes el metanol, y otras sustancias altamente nocivas para la salud.

“Desde el inicio de nuestra gestión establecimos que la salud del pueblo dominicano es nuestra prioridad; y no permitiremos que la búsqueda desalmada de beneficio económico siga costándonos vidas; lamentamos la pérdida de esas 47 personas, y trabajaremos incansablemente para que estos eventos no se repitan”, enfatizó Peña.

Ante esta realidad, todos los sectores que inciden en la fabricación, comercialización y regulación de las bebidas alcohólicas se comprometieron a atacar de raíz el problema, a fin de evitar que se siga reproduciendo la situación a lo largo del territorio dominicano, y que además afecta de manera sensible la imagen del país y lacera la industria licorera, las recaudaciones y el turismo.

En el encuentro, celebrado en el Palacio Nacional, participaron junto a Peña y Reynoso, los ministros de Salud, Daniel Rivera y el administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

También el titular de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, Rafael Brito Peña; el director de Epidemiología de Salud Pública, Ronald Skewes, el viceministro administrativo, Igor Rodríguez; el director de Habilitación, Eduardo León, y el asesor de Industria, Comercio y MiPyMEs Mario Pujols.

Por el sector empresarial, estuvieron presentes Circe Almánzar y Yulissa Almonte, de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD); Agustín Ramírez y Aguie Lendor, de la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron); Giuseppe Bonarelli y Manuel Cabral, representantes de los importadores de vinos y licores, y Ciao Miranda y Fabio Caminero, de la Asociación Dominicana de Productores de Cervezas (Adoface).

Mesa de Trabajo Público Privada

En la reunión sostenida en el Salón Los Trinitarios de la casa de gobierno, los representantes de las organizaciones asistentes se comprometieron a establecer una mesa de trabajo técnica entre el sector público y privado, la cual desarrollará campañas de concienciación en la búsqueda de detener la producción y venta de bebidas adulteradas.

La vicepresidenta Raquel Peña destacó que con esta iniciativa buscan evitar de raíz la problemática de las bebidas adulteradas a través de la educación.

“El régimen de consecuencias existe y confiamos en el Ministerio Público para que lo aplique. Sin embargo, se hace imperativo crear conciencia en la población dominicana y de eso también nos ocuparemos, en conjunto con el sector privado”, explicó.

 

 

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