Dice constituye un golpe significativo para quienes se dedican a las actividades ilícitas de falsificación y piratería.

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público del Distrito Nacional, a través de su Departamento de Investigación de Propiedad Intelectual, ejecutó varios allanamientos en la tienda y almacenes de la Importadora A.M.G, donde fueron ocupados unos 49,932 pares de calzados falsificados, de prestigiosas marcas.

El decomiso de las mercancías falsificadas fue posible gracias a la exhaustiva labor de investigación que el Departamento de Investigación de Propiedad Intelectual del Ministerio Público Distrito Nacional realizó en conjunto con el Departamento de Investigación de falsificaciones de la Policía Nacional.

Durante la fase investigativa se obtuvieron indicios de que la referida importadora se dedica a vender y distribuir de forma clandestina productos de marcas protegidas, aprovechándose del buen prestigio que gozan estas marcas en el mercado, resultando esto en un perjuicio para los fabricantes originales y los distribuidores autorizados.

Las actuaciones del Ministerio Público fueron llevadas a cabo en la avenida Duarte del sector Villa María, donde está situada la Importadora A.M.G., representada por la nacional china Xin Chen. En este lugar fueron ocupados unos 128 pares de tenis y sandalias presumiblemente falsificados.

Asimismo, en una nave de almacén propiedad del citado comercio, localizado en el sector Mejoramiento Social, fueron hallados 45,768 pares de tenis y sandalias con logos distintivos presumiblemente falsificados.

De igual modo, en su almacén, ubicado en el sector Villa María, se ocuparon alrededor de 4,036 pares de tenis y sandalias de distintas marcas.

El valor de los calzados ocupados oscila entre los 60 y 90 millones de pesos dominicanos, esto constituye un golpe significativo del Ministerio Público para quienes se dedican a las actividades ilícitas de falsificación y piratería, incurriendo en una violación a la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. Estos delitos son sancionados con penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas de 50 a 1,000 salarios mínimos.