Departamento de Prensa

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26 de febrero de 2024

Ministerio Público logra 12 meses de prisión preventiva y complejidad en caso seguido contra violador en serie

Ministerio Publico

 

Entre los cargos que el órgano persecutor le imputa se encuentra la tortura y barbarie, violación sexual, robo y trata de personas agravada en su modalidad de esclavitud sexual

BARAHONA (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT)  y la Fiscalía de esta jurisdicción logró la imposición de 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre vinculado a una serie de violaciones sexuales contra al menos seis mujeres, en distintos hechos ocurridos en Barahona y Santo Domingo.

La medida fue impuesta por el Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona, que preside la jueza María Consuelo Valenzuela, en contra de Juan Carlos Peña Nin, alias Moreno y/o Greydel Nin Matos, quien deberá cumplir la disposición en la cárcel pública de Barahona.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Noelia Tavera, adscrita a la PETT, y por la Vilmania Pérez, de la Fiscalía Barahona, también logró la declaratoria de tramitación compleja del proceso.

El órgano persecutor le atribuye al imputado incurrir en actos de tortura y barbarie, violación sexual, robo, trata de personas agravada en su modalidad de esclavitud sexual o sus prácticas análogas, pluralidad de hechos y de víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger su identidad e integridad.

Durante las investigaciones se ha establecido que Peña Nin se dedicaba a captar jóvenes en condiciones vulnerables, de escasos recursos, a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, haciéndose pasar por supuestas amigas cercanas de estas. Luego les ofrecía dinero para que fueran a diferentes lugares, donde cometió los hechos, principalmente a los municipios Cristóbal y Tamayo. También, se estableció que el imputado consumía sustancias narcóticas como cocaína y tusi (mezcla de sustancias estimulantes, depresoras y psicodélicas similar al de la cocaína o el éxtasis en términos generales).

La instancia detalla que Peña Nin le ofrecía dinero en pesos y dólares a las víctimas para que le acompañaran a diferentes lugares. Señala que las llevaba a casas, donde las encerraba, les halaba por el pelo, robaba sus equipos móviles, dinero y prendas de vestir, y las obligaba a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad, además de que las amenazaba con armas de fuego y las torturaba pasándole cigarrillos cerca de sus partes íntimas, cuchillos por sus caras y demás partes del cuerpo, hechos que sucedían por varios días, hasta que las jóvenes lograban escapar. Este mismo modus operandi lo utilizó con todas las víctimas.

Indica que Peña Nin cometía esas acciones mientras consumía las citadas drogas.

Con los hechos relatados, se pudo verificar que la conducta del imputado Juan Carlos Peña Nin, era reiterativa, utilizando el engaño, las raptaba, y, luego, las esclavizaba para su beneficio individual.

Peña Nin enfrenta cargos por violación a las disposiciones de los artículos 303, 303-1, 303-3/4, 331, 379 y 381-3 del Código Penal Dominicano, y  los artículos 3 y 7 letra (D), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

El pasado mes de enero se presentaron varias denuncias ante el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional e inmediatamente el Departamento de Investigaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, conjuntamente con el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Procuraduría Fiscal de Barahona, iniciaron un proceso de investigación que llevó al arresto del imputado.

Las labores se llevaron a cabo con la colaboración de la Dirección de Trata y Tráfico de la Policía Nacional y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y la Fiscalía de Santo Domingo Este.

El Ministerio Público ejecutó una autorización judicial de allanamiento y ejecución de orden de arresto contra el imputado en el Distrito Municipal de Uvilla, del municipio Tamayo, provincia Bahoruco, donde ocupó diferentes evidencias con las que procedió con su sometimiento a la justicia.