SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió este martes la solicitud del Ministerio Público y le otorgó una prórroga de tres meses para presentar la acusación formal en contra del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás involucrados en la red de corrupción administrativa desarticulada con la Operación Medusa.
El procurador adjunto Wilson Camacho explicó que el tribunal otorgó al Ministerio Público la prórroga que solicitó y mantiene las medidas de coerción al exprocurador Rodríguez Sánchez y al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, quienes cumplen prisión preventiva.
“Esto es una muestra de que el tribunal ha entendido la complejidad, la amplitud de este caso y la necesidad de que el Ministerio Público cuente con el tiempo suficiente para desarrollar todas las líneas de investigación que tiene pendientes y presentarla en una acusación como un caso blindado”, expuso el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En términos jurídicos, agregó que el tribunal actuó de manera correcta, ya que las defensas, incluso en sus planteamientos y argumentaciones, en vez de derechos, se concentraron en pedir al tribunal privilegios, “y los tribunales no están para otorgar privilegios a las personas, sino para aplicar el derecho, que es lo que ha sucedido en el día de hoy”.
Camacho emitió sus declaraciones al responder preguntas de los periodistas, luego de la decisión de la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, quien además de disponer la extensión del plazo para la presentación de la acusación, contado a partir del 8 de marzo del año 2022, ratificó la prisión preventiva a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, la cual cumplen desde el pasado año en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
En torno a preguntas sobre las llamadas de imputados desde la cárcel para amenazar testigos, dijo: “nosotros ya nos hemos referido a ese particular y hemos dicho que es un proceso que tenemos en investigación”.
En ese mismo orden, Camacho manifestó: “lo que no va a haber es tolerancia de parte del Ministerio Público a este tipo de actuaciones, que pretende amedrentar testigos para que el Ministerio Público no pueda hacer su trabajo o limitar el trabajo del Ministerio Público”.
Insistió que “nosotros vamos a superar los obstáculos que haya que superar para presentar en los tribunales a todas las personas de estos entramados de corrupción que depredan el erario”.
Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, también representaron al Ministerio Público Eduardo Velásquez, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado.
El tribunal fijó la audiencia control para el 9 de julio del año 2022, a las 10:00 de la mañana. La lectura íntegra está programada para el próximo 22 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde.
El exprocurador es procesado junto a Forteza Ibarra y otros funcionarios de su gestión cuando dirigió el Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
El expediente del Caso Medusa destaca que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los encartados, varios con prisión preventiva y domiciliaria, quienes han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su libertad.
Desde el mes de julio del año pasado, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
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