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Ministerio Público pide decomiso de 200 inmuebles en acusación Operación Falcón

 

El fiscal Osvaldo Bonilla explica que los bienes ocupados a la red de lavado del narcotráfico incluyen empresas, estaciones de venta de combustibles y vehículos de alta gama

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El fiscal de Santiago resaltó este martes la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos del narcotráfico de la red delictiva desmantelada con la Operación Falcón, tras destacar que tiene los méritos suficientes para lograr que todos sean condenados.

“La acusación que hemos presentado al tribunal, es una acusación sin precedente, robusta”, dijo Osvaldo Bonilla, al destacar que el expediente aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados, más allá de alegatos y con imputaciones precisas de cargos sobre probados.

Al ser entrevistado, vía Zoom, por la periodista Rosa Encarnación, del programa El Despertador, el fiscal de Santiago detalló que son imputaciones por lavado activos proveniente del narcotráfico, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas y delitos en contra del fisco.

“Es uno de los casos más importante contra la criminalidad organizada en República Dominicana, en los últimos tiempos”, sostuvo, al tiempo que dijo que el Ministerio Público asume con responsabilidad su rol persecutor, por lo que a partir de ahora corresponde al Poder Judicial ejercer su rol con la mayor de la rigurosidad.

“Entendemos que todos los actores del sistema de justicia deben asumir su responsabilidad con la mayor de la rigurosidad, y vamos a defender este proceso en todos los escenarios, en los tribunales y en cualquier escenario que sea necesario porque está probado que es un proceso legalmente bien trabajado, un proceso que el Ministerio Público lo ha trabajado con mucha transparencia, y con objetividad, sobre todo”, expuso.

Lamentó la variación de medidas de coerción a involucrados en el Caso Falcón y sostuvo que el Ministerio Público enfrentará a quien deje de actuar de manera correcta. “Por eso hemos recusado (jueces) en algunos casos, cuando entendemos que se ha violentado la ley”, dijo.

“En el último caso se ha dado una variación que nosotros catalogamos como ilegal, nula, porque se han violentado todos parámetros que el Código Procesal Penal establece para la administración de justicia”, dijo.

En ese contexto, recordó que el juez Job García, que estaba conociendo la revisión de la medida de coerción decidió su propia recusación, no obstante haber depositado el acto conclusivo la noche anterior y ya estar prácticamente desapoderado.

Bonilla explicó que las pruebas documentales y periciales llevaron al Ministerio Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos de motor que incluyen automóviles de alta gama.

Dijo que la cantidad de dinero ocupada o inmovilizada a los integrantes de la red de lavado sobrepasa los 500 millones de pesos, al tiempo de señalar que los imputados manejaron en sus operaciones más de 10 mil millones de pesos.

Destacó que el Ministerio Público continúa trabajando en el proceso, al tiempo de considerar que los imputados deben seguir en prisión hasta que se conozca el juicio de fondo y se determine su condena, porque son imputados que, de ser puestos en libertad por los jueces no garantizan su presencia en los actos del proceso.

Bonilla dijo que se trata de imputados peligrosos y que los tribunales deben saber que variar la medida de coerción puede llevar a que el imputado no se presente a los actos del proceso. “Un grillete, una presentación periódica no garantiza que un imputado de esa categoría se presente a una próxima audiencia o que cuando observe que se le va a condenar haya garantía de volver a los tribunales, yo creo que cada institución debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el momento indicado”, expresó.

Bonilla refirió que el Ministerio Público gestionó orden de arresto contra unos cinco o seis prófugos. Además, que existen otros involucrados incluidos en el acto conclusivo y que respecto a ellos se amplían las investigaciones.

Indicó que uno de los involucrados fue extraditado hacia Puerto Rico.

El fiscal de Santiago sostuvo que se trata de estructuras criminales que se mueven en diversos tipos de escenarios, por lo cual las investigaciones tardan, y quizás un año o 18 meses, a veces resultan plazos cortos para concluir una investigación.

“Nos hemos esforzado, el equipo de la Fiscalía de Santiago, con el equipo de Persecución del Ministerio Público y otras fiscalías y con el apoyo de toda la Procuraduría General de la República para presentar a tiempo este acto conclusivo consistente en una acusación”, resaltó.

Indicó que en la Operación Falcón participaron más de 40 fiscales y en la producción del acto conclusivo unos 20 que trabajaron día y noche para terminar la acusación junto a una gran cantidad de técnicos, profesionales y personal administrativo del Ministerio Público.

“Es una investigación muy amplia, que involucra múltiples sectores, varias regiones del país y al día de hoy estamos presentando acusación contra 31 imputados que son las físicas y 39 personas morales, que son las empresas vinculadas a los imputados, que ellos utilizaron como vehículo societario para producir los ilícitos vinculados al lavado de dinero”, dijo Bonilla, al conceder la entrevista solicitada por El Despertador.

 

 

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