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Ministerio Público pondera el trabajo de los fiscales frente a la corrupción y la impunidad

Ministerio Publico

Esta semana los órganos de persecución van a audiencias en casos como el Medusa, un entramado corrupto que extorsionó a suplidores de las cárceles y recibió sobornos en sumas millonarias

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho ponderó el trabajo contra la impunidad que viene realizando el equipo que encabeza en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y destacó la fortaleza de las investigaciones y la litigación de todos los procesos abiertos junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

“Ya llevamos casi un año realizando un trabajo incansable para combatir la impunidad y la corrupción. Estamos satisfechos de la solidez de las investigaciones y de la dedicación al litigio efectivo de los fiscales en los casos de corrupción”, sostuvo Camacho.

El equipo de fiscales de la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, acudió a los tribunales la semana pasada en audiencias de los casos de corrupción relativos a Odebrecht, OMSA y Los Tres Brazos, así como los surgidos a raíz de las operaciones 13 y Coral.

Los miembros del Ministerio Público, que siguen la línea de la lucha contra la corrupción y la impunidad trazada por la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito, continúan realizando decenas de diligencias de investigación de los cientos de casos abiertos.

Esta semana, los fiscales volverán a los tribunales para comparecer este lunes en el juicio que se sigue contra los seis imputados por corrupción, cobro de sobornos y lavado de activos del Caso Odebrecht.

Mientras que el martes, 31 de agosto, están preparados para acudir a la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para la audiencia de revisión de medida de coerción contra los imputados del Caso Medusa, un expediente de corrupción y lavado de activos encabezado por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y varios de los cercanos colaboradores de su gestión.

Rodríguez guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo San Cristóbal, al igual que los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.

El Ministerio Público ha recabado múltiples pruebas que siguen blindando las imputaciones iniciales y abren nuevas líneas de investigación en la Operación Medusa, un caso en el que cada vez surgen más evidencias del entramado de corrupción que encabezó el exprocurador general.

Los órganos de persecución del Ministerio Público acumulan pruebas que van desde grabaciones hasta cheques con conceptos disfrazados utilizados en los procesos de contrataciones públicas irregulares para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el que los contratistas eran obligados a devolver bajo acuerdo en algunos casos, presión y chantaje en otros, incluso con transacciones bancarias, cuantiosas  sumas de dinero en sobornos de los mismos pagos que les hacía la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Los imputados del Caso Medusa realizaban licitaciones irregulares en las que se abrían los sobres de los oferentes previamente, se les facilitaban los precios a oferentes que participaban en procesos de compras por comparación de precios para que conocieran las tarifas de sus competidores y pudieran ser los seguros ganadores. En ese esquema de corrupción se sabía de antemano a quienes se iba a beneficiar.

A uno de los suplidores, por ejemplo, se le solicitó subir los precios del aprovisionamiento del bien mueble para los privados de libertad en RD$62 millones, para llevarlo a entrar en un juego de extorsión en el que el exprocurador Rodríguez y los coimputados de su entorno exigían y cobraban sobornos de una manera burda.

Las transacciones de los sobornos de suplidores con los implicados en la red de corrupción y lavado de activos desmantelada con la Operación Medusa incluyen además robo de identidad y un esquema de falsificaciones de documentos realizados desde la misma Procuraduría General de República, lo que se hacía como parte de una maniobra fraudulenta para estafar al Estado distrayendo fondos millonarios de los contribuyentes.

 

 

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