SANTO DOMINGO (República. Dominicana).- El Ministerio Público destacó este lunes que en el juicio por el asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante la gestión de Manuel Rivas, ha aportado pruebas suficientes que demuestran la participación de los imputados en ambos casos.
El fiscal Wagner Cubilete, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el avance del proceso y dijo que el Ministerio Público ha presentado suficientes pruebas que demuestran la responsabilidad penal de los encartados.
“En el transcurso del día de hoy se trató la línea de Policía Científica, donde técnicos muy experimentados del área de balística y de huellas dactilares especificaron quiénes de los imputados de esta acusación tuvieron lugar o se encontraron en la escena del crimen”, explicó.
En ese mismo orden, detalló que hay otra línea de investigación en la que la acusación tuvo un gran éxito en su pretensión probatoria, como es el tema de los estudios y los análisis financieros que se hicieron a varias de las empresas que participaron en las compras y contrataciones en ocasión de la gestión del ingeniero Rivas y de los principales directivos de la OMSA.
“Todas las pretensiones probatorias que la mañana de hoy se trazó el Ministerio Público para su comprobación de la teoría del caso, tanto en la línea de sangre, es decir, del asesinato en contra del catedrático universitario, y de los temas de corrupción, fueron comprobados más allá de cualquier duda”, dijo.
Cubilete habló del proceso al responder preguntas de los periodistas luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, aplazara la audiencia para el próximo miércoles 20 de julio, a las 9:00 de la mañana.
Sobre alegatos de la defensa por el desistimiento de algunos testigos, Cubilete indicó que se ha hecho por economía procesal.
“Hay un principio de economía procesal que la magistrada que preside el tribunal, Claribel Nivar, ha sido enfática en señalar, que aquellos testigos que pudiesen resultar sobreabundantes, esto porque su línea y alcance probatorio son muy similares, pues en ánimo de abonar a ese principio de economía procesal y llevar celeridad a este litigio, es por eso que algunas de las partes han entendido presentar solo las pruebas que sean necesarias”, expresó.
Dijo que eso denota fortaleza, “porque se ha entendido que las pruebas que han sido presentadas en todo el proceso son más que suficientes para comprometer la responsabilidad penal de cada uno de los encartados”, enfatizó.
El representante del Ministerio Público precisó que cada una de las pretensiones probatorias consignadas en la acusación respecto al elenco de evidencias ha desbordado su alcance y ha sido consignado cada uno de esos encartados con su cuota de participación en la acusación.
“La defensa técnica tuvo un desempeño muy débil en todo el día de hoy, no pudo obtener ni siquiera una pregunta que pudiese debilitar la teoría del caso del Ministerio Público”, agregó.
El juicio se sigue contra Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como de José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
También, contra Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en la OMSA.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
El crimen registrado en octubre de 2017 está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte.
Luego del hecho Argenis Contreras huyó del país hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General.
En atención a una solicitud del Ministerio Público, el pasado 24 de febrero el tribunal decidió unificar el expediente del asesinato del abogado Yuniol Ramírez con el de los actos de corrupción administrativa registrados en la OMSA.
El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo la lectura de la acusación que contiene los cargos y los elementos probatorios del caso, y concluyó el pasado viernes 13 de mayo. En la actual etapa continúa con la presentación de los elementos probatorios que sustentan el expediente.
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