Las defensas de los integrantes de esta red de corrupción se quedaron sin respuesta ante las réplicas presentadas por el órgano de justicia.

SANTO DOMINGO (República Dominicana). –El procurador fiscal Jonathan Elías Pérez señaló este viernes la imposibilidad mostrada por las defensas para dar respuestas ante las réplicas presentadas por el Ministerio Público en la audiencia preliminar que se sigue en contra de los miembros del entramado de corrupción desmantelado en las operaciones Coral y Coral 5G, evidenciando de manera ineludible la culpabilidad de los acusados.

“En el día de hoy el Ministerio Público replicó a todas las defensas de la estructura criminal de la asociación de malhechores y lavado de activos vinculadas a Adán Benoni Cáceres Silvestre, en la cual ellos no hicieron reparos a nada de lo que le imputa el Ministerio Público, por lo cual admitieron los hechos de la acusación”, afirmó Elías Pérez, al hablar con la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Ante el intento, infructuoso, por parte de las defensas de desmeritar lo ocurrido en el tribunal, el litigante indicó que el Ministerio Público ha cumplido con su responsabilidad como órgano acusador.

“No es culpa de nosotros que ellos hayan admitido los hechos y no hayan hecho reparo. Entienden que no podían contrarrestar la acusación del Ministerio Público y así prefirieron hacerlo. Es su decisión”, sostuvo Elías Pérez, quien en la audiencia de este viernes estuvo acompañado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; por la procuradora de Corte coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y por los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Marinel Brea, Melbin Romero y Arolin Lemos.

El miembro del Ministerio Público recordó que Cáceres dirigía esta red, que se dedicaba a la sustracción de fondos ilícitos, tanto del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), donde era director general, así como del  Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), los cuales eran inyectados a  empresas como la Asociación Campesina Madre Tierra, al Ministerio Jesús Vive, Vino y Vuelve, además de otras empresas vinculadas a su mano derecha financiera, Rafael Núñez de Aza, acciones por la que aseguró responderán cuando el tribunal ordene la apertura a juicio.

“Nos veremos en juicio con ellos y le mostraremos que son culpables de cada una de las imputaciones que el Ministerio Público les está haciendo”, sostuvo Pérez, quien indicó que el Ministerio Público en el proceso conseguirá la “apertura a juicio, admisión de todas y cada una de las pruebas, la condena para cada uno de ellos y la recuperación del patrimonio del Estado”.

La jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas Méndez, recesó la audiencia preliminar para el lunes 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana, donde el Ministerio Público continuará realizando sus réplicas ante las defensas que quedan pendientes.

En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).