SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora de corte Mirna Ortiz afirmó que los alegatos presentados por los imputados del Caso Antipulpo en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, confirman las imputaciones y acusaciones hechas por el Ministerio Público.
“Esta declaración de los imputados, lo único que ha logrado es colocarlos a ellos dentro de la estructura de Alexis Medina Sánchez y sus empresas. Todos los que hicieron uso de la palabra declararon tener relaciones de amistad, comerciales y políticas con Alexis Medina, corroborando así con sus mismas palabras parte de las imputaciones y de las acusaciones que el Ministerio Público tiene en su contra”, afirmó la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz, quien fue abordada por la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también se refirió al planteamiento hecho por el imputado José Correa, quien afirmó al tribunal que era millonario hace 20 años y que el Ministerio Público lo imputa por la suma de 200 mil pesos.
“¿Los millonarios no cometen actos de corrupción?, ¿O sólo los pobres cometen hechos ilícitos?”, cuestionó la litigante del Pepca, quien señaló que “también aquellas personas que gozan de buen estatus económico pueden cometer hechos ilícitos y por eso están imputados y por eso están sentados hoy en el banquillo”.
“Vamos a ver cuando se desarrolle el juicio, si el Ministerio Público va a tener a una persona ahí sentada por 200 mil pesos”, añadió.
La procuradora de corte dijo que dentro del fondo, el tribunal decidirá sobre la solicitud de embargo de las cuentas de los imputados, hecha por el Ministerio Público y por el Estado dominicano como querellante.
Ortiz estuvo en el tribunal junto al equipo que encabezó el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, y los fiscales Yoneiby González, Ernesto Guzmán Alberto, Héctor García, José Miguel Marmolejos y Elizabeth Paredes.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará conociendo el proceso el próximo viernes 25 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
La audiencia de este lunes fue celebrada, por asuntos de espacio, en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el que los representantes del Ministerio Público presentaron sus conclusiones en esta etapa de la acusación que consta de unas 3,445 páginas.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
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