La institución recordó que la pareja fue apresada el pasado fin de semana en el transcurso de múltiples operativos coordinados y dirigidos por el procurador Jean Rodríguez en las localidades de Sosúa y Cabarete.

PUERTO PLATA.- El Ministerio Público de esta demarcación obtuvo 18 meses de prisión preventiva en contra de la pareja de esposos Elvis Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y Arisleida Pérez Vásquez, quienes fueron arrestados el pasado fin de semana luego que fueran clausurados dos negocios de su propiedad donde presuntamente se dedicaban al proxenetismo.

Tras acoger la petición hecha por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, además declaró el caso complejo y ordenó el cierre por tres meses del Restaurante Bar Pica Flor y el Bar Restaurante Barrio Latino, hasta que el Ministerio Público determine la propiedad y el fin de los mismos.

La institución recordó que la pareja fue apresada el pasado fin de semana en el transcurso de múltiples operativos coordinados y dirigidos por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, en las localidades de Sosúa y Cabarete, donde además del apresamiento de los imputados y el cierre provisional de dichos negocios, fueron rescatadas 70 mujeres víctimas de esos delitos.

Destacó en ese sentido, que esta decisión favorable obtenida por el Ministerio Público, es otra muestra fehaciente del compromiso asumido por la institución, bajo la dirección del procurador Rodríguez, para enfrentar de manera decidida y con acciones concretas las diferentes modalidades de esa actividad criminal.

En relación a las acciones del Ministerio Público contra ese flagelo, la institución advirtió que dan seguimiento estricto a esos casos y dijo que todo el que se involucre en ese tipo de acción, será sometido a la justicia. Además, dijo que cada vez más están duplicando los esfuerzos contra esa práctica ilegal.

Tribunal valoró evidencias presentadas por el Ministerio Público

A través de un comunicado de prensa, el órgano investigador aseguró que cuenta con múltiples evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia de investigación e inteligencia, las cuales dijo que fueron tomadas en cuenta por el juez del Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata, Romaldy Marcelino, para la imposición de la indicada medida de coerción.

Los imputados Elvis Henríquez Beatón y Arisleida Pérez Vásquez, acusados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 24-97 sobre Violencia de Género y la nueva Ley 631-16 sobre Armas, deberán cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata, y en el CCR de Rafey Mujeres, en Santiago.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador fiscal titular del Departamento Judicial de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, y los fiscales de este distrito judicial, Cinthia Bonetti y Pedro Melo.

La información destaca que el imputado Elvis Henríquez Beatón, fue apresado durante un allanamiento en el Restaurante Bar Pica Flor, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00377, emitida por los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, mientras que su pareja Arisleida Pérez Vásquez, indicó que fue arrestada en una villa donde ambos residen en el municipio de Sosúa, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378.

Señala que además del arresto de la pareja, en el transcurso de la operación, fueron ocupados vehículos, armas de fuego, dinero en pesos y dólares, así como varios equipos electrónicos, un arma de fuego, facturas del cobro de las salidas de las jóvenes, además de que fueron retenidas motocicletas y documentos referentes a una empresa de rentar vehículos, entre otras evidencias relacionadas al caso.

En los operativos coordinados por el procurador general, participaron en una labor conjunta, la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y miembros del Ejército de la República Dominicana.

La Misión Internacional de Justicia (IJM), también se sumó a los esfuerzos desplegados en esta zona del país, a través de un equipo multidisciplinario de psicólogas y trabajadoras sociales que contribuyeron en gran medida a facilitar el trabajo en crisis con las víctimas encontradas en el lugar.