LA ALTAGRACIA, RD.- El Ministerio Público logró que fueran dictados tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el capitán de una yola que fue arrestado el pasado 3 de abril cuando presuntamente se disponía a trasladar de manera ilegal a 35 dominicanos desde esta provincia hacia Puerto Rico, incluyendo un menor de edad.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, dictó la medida de coerción en contra de Kilvio Rafael Colónn y/o Kilvio Rafael Colón Taveras, quien guarda prisión en la cárcel pública del municipio de Higüey.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público explicó que la investigación del caso es realizada por la Fiscalía de La Altagracia con la asistencia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la colaboración de la Armada de la República Dominicana, otorgándole al presente caso la calificación jurídica de tráfico ilícito de migrantes en el grado de ejecución, los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos: 1 (letras f y h), 2 y 7 (letra c), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En torno al caso, el órgano persecutor de los delitos hace constar en la solicitud de medidas de coerción, que alrededor de las 6:30 de la tarde del pasado 3 de abril, fueron rescatadas 35 personas de nacionalidad dominicana, que fueron encontradas a bordo de una embarcación tipo yola, sin nombre, aproximadamente a 17 millas náuticas de Cabo Rojo, Puerto Rico. Señala que una vez se hicieron las entrevistas correspondientes, se pudo establecer que se trataba de un viaje ilegal.
Precisa la instancia que Taveras Colón conducía la embarcación que se dirigía desde la playa de la provincia La Altagracia hacia Puerto Rico, utilizando pasos migratorios no formales, evitando el cumplimiento de los controles migratorios existentes y la detección por parte de las autoridades, violentando por ende la seguridad y soberanía del Estado dominicano, todo esto a cambio de recibir un beneficio económico de forma directa; no logrando su objetivo ulterior (llegar a Puerto Rico) tras la intervención de las autoridades, en este caso de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
La investigaciones establecen que para realizar el viaje cada persona debía pagar altas sumas de dinero que oscilaban entre un máximo de hasta US$2,000.00 a US$5,000.00 dólares americanos.
El Ministerio Público indicó que las evidencias documentales y testimoniales recolectadas en el transcurso de la investigación llevada a cabo por este caso vinculan al encartado con el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Destacó el órgano del sistema de justicia que, junto a los demás organismos seguridad del Estado y la cooperación internacional, continúan dando golpes contundentes al tráfico ilícito migrantes en el país.
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