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MP obtiene sentencia establece pena máxima por trata de personas

Sentencia reafirma la lucha contra ese delito de carácter trasnacional, bajo la dirección del procurador Jean Rodríguez

SAN JUAN.- El Ministerio Público logró que fueran impuestos 25 años de prisión en contra de un hombre acusado de trata de personas en perjuicio de tres mujeres, a las que bajo la promesa de darle empleo en dos empresas de limpieza y de construcción en Trinidad y Tobago, las captó para que se trasladaran hasta esta nación y las explotó sexual y laboralmente, a una de ellas en trabajos de servidumbre.

El Tribunal Colegiado de San Juan dictó la sentencia condenatoria en contra de Francisco Luna Tavárez, alias “Franco” y/o “Chicho”, imponiéndole además el pago de una multa a favor del Estado dominicano de 175 salarios mínimos e indemnización a cada una de las víctimas, cuyos nombres se omiten por razones legales.

La sentencia emitida acoge el dictamen del Ministerio Público, de aplicar la pena máxima, por haberse probado la presencia de circunstancias agravantes establecidas en el artículo 7 de la Ley 137-03, en la comisión de la infracción de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

El Ministerio Público señaló que esta sentencia reafirma la lucha contra la trata de personas, bajo la dirección del procurador general de la República, Jean Rodríguez, resaltando los esfuerzos realizados para dotar al personal de la capacitación y las herramientas necesarias para enfrentar con efectividad ese delito.

Resaltó en ese orden, que la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que dirige la procuradora adjunta Roxanna Reyes, ha sido fortalecida en la presente gestión con personal especializado y más equipos para enfrentar esa actividad criminal, y lograr más efectividad en la aplicación de la Ley 137-03, que sanciona los delitos de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Dijo que esta es la primera condena a pena máxima de 25 años de prisión que se obtiene en el país en estos casos, destacando que es el resultado del fortalecimiento institucional y las mejoras aplicadas en dicha dependencia en el marco del plan de modernización en que está inmerso el Ministerio Público.

En torno a los hechos, el órgano del sistema de justicia indicó que el hoy condenado Luna Tavárez reclutó a las víctimas en zonas de San Juan y Santo Domingo y las engañó con la falsa promesa de que les daría un empleo en dos empresas de limpieza y construcción de su propiedad que operaban en Trinidad y Tobago.

Señaló que las denuncias fueron recibidas en marzo del año 2017, momento desde el cual se inició la investigación, recibiendo la victimas asistencia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), para su retorno al país. Desde su retorno a la República Dominicana las víctimas han sido asistidas tanto en la parte legal, psicológica, así como en lo que tiene que ver con apoyo financiero para su reinserción laboral, esto por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Estableció que durante las indagatorias se logró reunir pruebas contundentes, tanto testimoniales, documentales, materiales y periciales, entre otras, que les permitieron lograr la condena contra Luna Tavárez, la cual deberá cumplir en la cárcel pública de San Juan.

En ese sentido, indica que los jueces Diógenes Damaso Mercedes,  Eduardo Valdez Piña y Angélica Calderón, acogieron como buenas y válidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que estuvo representado por los fiscales investigadores y litigantes de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Juan Medina de los Santos, y Denia Margarita Rodríguez, miembro de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y delitos Sexuales de San Juan.

El departamento de investigación de la Procuraduria Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas tuvo a cargo la realización de la investigación, señala la información.

El órgano investigador resaltó que las víctimas fueron asistidas por las abogadas Madeline Núñez Imbert y Demí Félix, adscritas a dicha Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, encargadas de dar asistencia legal gratuita.

Mediante el comunicado, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a que denuncie de manera confidencial esas acciones delictivas a través de la línea gratuita “Llama y Vive” 809-200-7393.

 

 

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