SAN PEDRO DE MACORÍS.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un ciudadano italiano que presuntamente permitía que una hija menor de edad vendiera bebidas alcohólicas en un negocio de su propiedad localizado en esta ciudad.
El órgano persecutor dijo que luego de abrir una investigación del caso y obtener las evidencias correspondientes, sometió a la justicia al nacional italiano, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima, la cual explicó que se encuentra bajo protección y cuidado de las autoridades.
Detalló mediante un comunicado de prensa que solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación que le imponga tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, fijando el tribunal la audiencia para este sábado 29 de junio.
Explicó el órgano investigador que ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 22, 23, 34 y 37 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como de violación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 3 y 7 letra E de la Ley 137-03 Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Dijo que en una acción conjunta de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Fiscalía de San Pedro de Macorís junto a miembros del Departamento de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, pudieron clausurar de manera provisional el establecimiento y rescatar a la niña de ocho años de edad que presumiblemente vive sola con su progenitor.
La instancia con la petición de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público establece que esta institución del sistema de justicia solicitó y obtuvo una autorización judicial para la colocación de agentes bajo reservas de identidad, quienes visitaron el lugar y pudieron obtener evidencias que establecen que la menor atendía el negocio y se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas, sin que su padre tuviera control de sus actividades.
La institución detalló que en el transcurso de la investigación han sido ocupadas distintas evidencias documentales, audiovisuales y testimoniales, incluyendo vídeos de las cámaras del negocio que vinculan al ciudadano italiano con los hechos que se les imputan y que dijo deben ser tomadas en cuenta para la imposición de la prisión preventiva, como medida de coerción.
El Ministerio Público recordó que ha declarado tolerancia cero a los abusos contra los niños, niñas y adolescentes y dijo que cuenta con evidencias suficientes para que al imputado le sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.
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