SAN JUAN.- El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de tres hombres que son acusados de asociarse para robar motocicletas a ciudadanos de esta ciudad.
El Juzgado de la Instrucción de San Juan dictó la medida de coerción a los nombrados Máximo Alcántara Montero (Maximito), Santo Mesa García (Santo), y Juan Antonio Mateo Beltré (Juan), quienes deberán cumplir la prisión en la cárcel pública de esta provincia.
Por su vinculación a este caso además es perseguido otro hombre, identificado como Wilson Mesa, quien se presume que también forma parte de la organización delictiva.
La institución destaca que el apresamiento de los imputados se produjo como resultado del fortalecimiento de las acciones que forman parte del plan institucional trazado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para perseguir el delito en todas sus modalidades.
En tal sentido, indica que los trabajos están enfocados en garantizar la paz y preservar el orden en el país, partiendo de acciones que buscan dar al traste de forma efectiva con la actividad delictiva y la cadena de otros delitos que se pudieran generar a partir de los mismos.
Con relación al presente caso, indica que los imputados fueron arrestados durante un allanamiento realizado en el paraje El Capaz, donde fueron confiscadas varias motocicletas.
En el transcurso de la operación también fueron ocupadas varias porciones de un polvo blanco que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 30.08 gramos, así como un paquete de un vegetal que se cree corresponde a marihuana, con un peso de alrededor de tres libras y media.
Asimismo, fue ocupado un revolver Ruger calibre 22, siete capsulas 9mm, 4 cápsulas 38, un peine, una balanza Digi Wegh, y tres balanzas Tanita, además de ropas militares y objetos que se presume eran utilizados para la comisión de la acción delictiva, entre ellos, un jeep color gris, placa G210113, el cual había sido sustraído el pasado año a la señora Carina Brito.
Las labores fueron realizadas mediante orden judicial y estuvieron encabezadas por la procuradora fiscal Marggie Viloria Caraballo, quien estuvo acompañada de miembros de la Policía Nacional.
El Ministerio Público le dio a este caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379, 384, 385, 386, 388 del Código Penal Dominicano, 60, 4 b y d, 5 A, 6 a de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como también a los artículos 66, 67 y 68 de la nueva Ley 631-16 para el Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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