SANTO DOMINGO. – El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó este miércoles que la confianza y la seguridad son claves para garantizar la prosperidad y los adecuados niveles de desarrollo que deben existir en una nación que está cada vez más insertada en la competitividad global.
Al participar como orador invitado en el Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio, Rodríguez explicó que por las funciones que durante 20 años ha ejercido en el sector privado y como servidor público, es fiel creyente en el desarrollo de las empresas privadas como motor del crecimiento económico y en la obligación del Estado, de ser un ente facilitador.
En este sentido, el procurador general expresó que debido a que el trabajo de las mujeres y los hombres de empresa es generar empleos y riqueza, el del funcionario público debe incluir siempre facilitarles las condiciones para que sus operaciones prosperen y darles garantías de una mayor institucionalidad en un ambiente de mayor formalidad.
Rodríguez señaló que para tomar decisiones, empresarios e inversionistas necesitan condiciones estables y predecibles, institucionalidad, formalidad y reglas de juego claras, indicando que para lograr esto se requiere de un Ministerio Público acorde con los tiempos, adaptado a las realidades de un país que en los últimos diez años ha experimentado importantes cambios, que a su vez obligan a transformar el sistema de justicia y persecución de la criminalidad.
Manifestó que por esto ha asumido el compromiso de crear las bases para que el país tenga un Ministerio Público más moderno, más capacitado, dotado con mejores herramientas para prevenir y combatir la criminalidad y así alcanzar una justicia más independiente, rápida y eficaz.
Explicó, que su primer paso consistió en hacer un levantamiento general de cada área, para lo cual, junto a un equipo de apoyo, se trasladó personalmente a las más de 120 dependencias que ese organismo tiene a nivel nacional, realizando una inspección y reuniéndose con todos los fiscales titulares para identificar juntos las necesidades y requerimientos que les permitirían operar de manera más eficiente y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Dijo que como resultado, se identificaron los principales aspectos que debían ser atendidos de manera inmediata; sostenibilidad económica, cultura organizacional y recursos humanos, herramientas para combatir la criminalidad, sistema penitenciario, sistema de estadísticas, prevención de los delitos, violencia de género, lucha contra el lavado de activos, actualización legislativa y regulatoria, transparencia, así como también, la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En ese sentido, explicó que se optimizaron los procesos recaudatorios, y se simplificaron los trámites burocráticos de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Como ejemplo destacó la creación de un nuevo portal de servicios al ciudadano a través del cual cualquier persona puede solicitar y obtener, desde la comunidad de su hogar o desde su teléfono celular su Certificado de No Antecedentes Penales, consultar sus Certificaciones de Firma y pagar sus multas de tránsito en la web y hasta desde su teléfono móvil, recibiendo por esa misma vía un descargo válido e inmediato, en un tiempo record de 5 y 10 minutos.
Asimismo, Rodríguez destacó que en lo que va de su gestión se han mejorado las condiciones laborales de todo el personal, mediante un sistema de compensación mucho más justo y equitativo, el cual incluyó nuevas escalas salariales, asegurando que cada posición fuera remunerada adecuadamente, sin favoritismos ni favores, aplicando además un aumento salarial promedio de un 25%.
El procurador general destacó también que este levantamiento nacional arrojó la necesidad de completar el déficit de fiscales que tenían muchas jurisdicciones, para la lo cual dijo que en 2017 ingresaron más de 204 fiscalizadores a través de un concurso de oposición e informó que durante el 2018, mediante un certamen similar, serán incorporados 215 fiscales, los cuales cubrirán igual número de plazas en diferentes demarcaciones del país, significando esto un aumento de un 54% en la cantidad de fiscales.
Dijo que durante su gestión se logró convertir a la Escuela Nacional del Ministerio Público en un Instituto de Educación Superior, y que una mayor cantidad servidores de ese organismo participen en las capacitaciones, destacando que la oferta académica disponible aumentó de 100 actividades de formación en el año 2016 a 157 en el 2017 y el número de participantes se incrementó de 2,388 a 5,378, para un crecimiento acumulado de 140%.
Dijo además, que fruto de este levantamiento se han iniciado readecuaciones a los espacios físicos de las dependencias, las cuales están siendo ejecutadas gradualmente y se determinó que debían resolverse necesidades de tipo logístico, en especial de transportación, para lo cual se dispuso la realización de un concurso público para la adquisición de una nueva flotilla vehicular.
Explicó que se puso en marcha un proceso de modernización de las estructuras de comunicación y tecnología de la institución, que incluyó la creación de un centro de datos propio con servidores instalados en la Procuraduría General de la República, la actualización de la plataforma del Sistema de Investigación Criminal (SIC) y la instalación de unas 1,000 computadoras en diferentes dependencias del Ministerio Público a lo largo del país.
Expresó que continuará con las mejoras del sistema penitenciario nacional, teniendo como principal objetivo reducir los niveles de hacinamiento, para lo cual se ha propuesto la construcción de una nueva Penitenciaría Nacional de la Victoria, iniciativa que solamente espera la confirmación de fondos por parte del Poder Ejecutivo, lo que permitirá descongestionar gradualmente los demás recintos y transformarlos poco a poco hacia un nuevo régimen que asegure una más efectiva rehabilitación y reinserción de los internos.
Habló de la creación de la Dirección de Estadísticas y Análisis que durante 2017 logró aumentar en un 38% el registro de casos dentro del Ministerio Público, indicando que esto equivale a tener más posibilidades de conocer la realidad de la criminalidad en el país y así estar más preparados para prevenirla y enfrentarla.
Igualmente señaló, que se creó la Dirección de Prevención de la Criminalidad, a través de la cual en el año 2017, partiendo de las estadísticas recogidas y procesadas en la nueva Dirección de Estadísticas y Análisis, se preparó un diagnóstico provincial, acorde con las necesidades y características de cada demarcación.
En ese sentido, dijo que a partir de esta iniciativa se identificó la necesidad de dar una respuesta integral y contundente a la problemática de la violencia de género y de los feminicidios en el país, tema que durante los dos últimos años ha estado en la mente de todos los dominicanos y dominicanas, incluyendo a los miembros del sector productivo nacional.
En lo relativo a la lucha contra el lavado de activos y otros tipos de criminalidad organizada, Rodriguez informó que desde el año pasado la Procuraduría General de la República ha estado enfocada en superar con éxito el proceso de evaluación-país que nos estaría realizando el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), el cual reveló, la semana pasada terminó su inspección en primera fase, con resultados preliminares muy satisfactorios.
Al referirse a la lucha contra la corrupción, el procurador Rodríguez expresó que “desmontar las conductas antiéticas arraigadas en nuestra cultura a lo largo de las últimas décadas no es tarea sencilla, especialmente cuando hablamos de un mal que, como la corrupción, ha contado por muchos años con la participación inequívoca de algunas personas tanto del sector público como del sector privado”.
Dijo que en algunos sectores se alega desinterés de las autoridades en perseguir adecuadamente estos delitos o se habla de instrumentación débil de expedientes para beneficiar a imputados, pero que esto no solamente no se corresponde con la realidad, sino que son intentos desesperados, disuasivos, defensivos y en ocasiones agresivos y ofensivos por desacreditar investigaciones en proceso.
Igualmente, el procurador general resaltó que durante su gestión de tan solo un año y medio se han puesto a disposición de la justicia a más personas por incurrir en delitos de corrupción, se han solicitado más medidas de coerción en contra de encartados por infracciones contra el patrimonio público y se ha logrado una mayor cantidad de condenas, destacando que esto no solo se refleja en la cantidad, sino también en la calidad y en las jerarquías de las personas involucradas.
Asimismo, Rodríguez expresó que “en particular y dentro de un marco del respeto hacia los jueces, en situaciones vinculadas a casos de corrupción, si bien ellos tienen el poder y la discrecionalidad para decidir y juzgar, nosotros tenemos el deber, la facultad y la libertad de expresar que no nos sentimos satisfechos con muchas de sus decisiones”.
“Estamos vigilantes para que los jueces cumplan su rol como manda la ley y lo exige la sociedad. Desde el Ministerio Público, estamos haciendo la parte que nos corresponde”, puntualizó.
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