El procurador Jean Rodríguez reafirmó el compromiso con la sociedad de llevar el mensaje de la no discriminación y de la inclusión por todo el país, en especial a las instituciones del Estado.
SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) anunciaron que coordinan acciones orientadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a impulsar iniciativas enfocadas en mejorar su inclusión a diversas áreas laborales.
La iniciativa forma parte de un acuerdo entre el procurador general de la República, Jean Rodríguez, y la presidenta de la Junta Directiva Nacional de la ADR, Mary Pérez de Marranzini, mediante el cual ambas instituciones trabajarán unidas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
“Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una condición que puede afectar a cualquiera, y que por lo tanto, es responsabilidad de todos. Estamos llamados a garantizar la dignidad de cada persona, sin importar su condición, y eso incluye defender sus derechos a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades, a la autonomía y a la libre determinación”.
Jean Rodríguez, Procurador General de la República.
Durante el acto, el procurador Jean Rodríguez reafirmó el compromiso con la sociedad de llevar el mensaje de la no discriminación y de la inclusión por todo el país, en especial a las instituciones del Estado.
“Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una condición que puede afectar a cualquiera, y que por lo tanto, es responsabilidad de todos. Estamos llamados a garantizar la dignidad de cada persona, sin importar su condición, y eso incluye defender sus derechos a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades, a la autonomía y a la libre determinación”, manifestó.
Al mismo tiempo, agregó “aunque existen numerosos ejemplos de personas que alcanzan los niveles más altos del logro humano a pesar de su discapacidad, ese hecho no debe ocultar las dificultades a que se enfrentan muchos, los cuales necesitan de nuestro apoyo, especialmente los que viven en condiciones precarias y carecen de los derechos, privilegios y oportunidades que están a disposición de sus conciudadanos”.
El procurador general felicitó a la Asociación Dominicana de Rehabilitación por la iniciativa, la cual dijo tiene el fin de promover la no discriminación y darle un sí a la inclusión laboral, para tratar de darle fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana y su reglamento de aplicación.
Durante el desarrollo de la actividad también hicieron uso de la palabra la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández; el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía; la presidenta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Mary Pérez de Marranzini, y el primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Celso Marranzini.
Como parte de la alianza, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, la Unidad de Gestión Humana y la Dirección de Carrera de esa institución conjuntamente con el Programa de Formación e Inserción Laboral de la ADR, coordinará la puesta en marcha de acciones que favorezcan mayores niveles de avance sectorial y cumplimiento de las leyes, normativas y reglamentaciones que promuevan los derechos de las personas con discapacidad.
El acuerdo fue dado a conocer en un comunicado, el cual destaca que la Procuraduría asumió el compromiso de continuar fomentando las adaptaciones ergonómicas, arquitectónicas y de accesibilidad, que faciliten el desempeño y la movilidad de las personas con discapacidad en los establecimientos.
En tanto, señala que la Asociación Dominicana de Rehabilitación se compromete a referir candidatos con discapacidad, según los requerimientos de la Procuraduría General de la República, que estén debidamente formados a nivel técnico y profesional de acuerdo al perfil de la posición a ocupar.
De igual manera, la ADR se encargará de la selección de los candidatos, realizando las evaluaciones ocupacionales correspondientes, además de que se encargará de la implementación de procesos formativos que propicien habilidades y destrezas esenciales para el puesto de trabajo disponible.
El convenio, que tendrá un año de vigencia, fue firmado durante la Jornada de Inclusión Laboral “Fomentando la Tolerancia y la Aceptación de las diversas capacidades”, realizado en la Procuraduría General.
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