El Ministerio Público demostró su vinculación con los más de 800 paquetes de cocaína ocupados en esta provincia en 2017

LA ROMANA (República Dominicana).- El Ministerio Público logró que un tribunal de esta demarcación acogiera su petición de 30 años de prisión para tres narcotraficantes venezolanos vinculados a más 800 kilogramos de cocaína ocupados en esta provincia en 2017.

El Tribunal Colegiado de La Romana dictó la sentencia en contra de Kendri Ramón Vargas Amundarain, Oswaldo José Martínez Ramos y Leonardo Lugo, quienes deberán cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama de esta provincia.

Los jueces Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, presidente, Idenisse Catedral y Jossephang Bernhardt dictaron la sentencia con base en las pruebas que durante el juicio de fondo aportó el Ministerio Público.

Por su vinculación con este caso, la Justicia también procesa al dominicano Miguel Santillán Mejía.

El grupo fue sometido por su responsabilidad sobre los 849 paquetes de cocaína, con un peso total de 878.16 kilogramos.

La droga fue ocupada el 28 de diciembre de 2017 por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tras obtener informaciones de inteligencia que daban cuenta de que una organización de narcotraficantes compuesta por dominicanos y venezolanos realizaría una operación de narcotráfico internacional en el área costera de dicha provincia.

En total fueron ocupados 850 paquetes, uno de los cuales dio negativo al análisis de sustancias controladas. Las autoridades también ocuparon un billete de 100 bolívares, dos maletines plásticos con diferentes objetos y una mochila que contenía documentos personales.

La operación se llevó a cabo con el apoyo de la Armada de República Dominicana y la Drug Emforcement Administration (DEA).

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 4-D, 5-A, 58-A, 59, párrafo I, 60 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de República Dominicana.

La investigación fue realizada por el fiscal Héctor Julio Matos, mientras que la litigación estuvo a cargo del fiscal Héctor de los Santos.