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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la petición del Ministerio Público, un juez de esta jurisdicción dictó 18 meses de prisión preventiva y declaró complejo el proceso seguido en contra de una mujer acusada de estafar con alrededor de dos millones de dólares a una entidad bancaria con sede en el Distrito Nacional.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción a Nikauri Josefina Paulino Sosa y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público demostró con diferentes evidencias la vinculación de la imputada con la estafa por US$1,943,206.35 en perjuicio de la sociedad comercial.

La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Karina Concepción Medina, ha obtenido pruebas durante la investigación que vinculan a Paulino Sosa con los delitos de estafa, uso de documentos de comercio y privados falsos, asociación de malhechores para usar esos documentos y lavado de activos en perjuicio de la institución bancaria.

En la solicitud de medida de coerción el órgano del Ministerio Público destaca que inició una investigación contra la imputada Paulino Sosa debido a que el banco presentó dos escritos de querella, con constitución en actor civil por los citados delitos.

En el transcurso de las pesquisas, el órgano persecutor de los delitos financieros, además, ha establecido que entre los años 2013 y 2016 la imputada se asoció con los investigados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, Juan Carlos Gautreaux Mota y Ramón Candelario Arias Paulino (prófugos), con el objetivo de conformar una estructura criminal, la cual realizaba acciones delictivas a través de la utilización de la sociedad comercial Garas SRL, donde ella ejercía de gerente.

La instancia señala que a través de esa sociedad comercial realizaban manejos fraudulentos y que se dedicaban a la falsificación de documentos, además de que sustrajeron la citada cantidad de dinero en dólares.

El documento de solicitud de medida destaca que entre los meses de noviembre de 2014 y mayo de 2015 la imputada percibió un salario de 15 mil pesos, sin reportar otra fuente de ingresos, por lo que su perfil financiero no se corresponde con los valores manejados en sus productos financieros ni con las inversiones realizadas en la sociedad comercial de la que la imputada era gerente.

El Ministerio Público, luego de su arresto con orden judicial en el sector Reparto Rosa, en Santo Domingo Oeste, el pasado 15 de septiembre, procedió con su sometimiento a la justicia por los citados hechos delictivos que constituyen una violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la nueva Ley 155-17, que sanciona ese delito.

 

 

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