SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho calificó de irracional la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, que mantuvo la prisión domiciliaria como medida de coerción a Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa y José Dolores Santana Carmona, acusados en la red de corrupción en el Caso Antipulpo.
“La corte ha tomado una decisión irracional, en el mismo nivel de irracionalidad de la decisión que había tomado previamente el Séptimo Juzgado de la Instrucción, que no valoró en consecuencia, elementos, a los que hemos hecho (alusión) nosotros en el Séptimo Juzgado de la Instrucción y que hemos hecho aquí, con relación al nivel de complejidad de estos procesos”, dijo Camacho al ser abordado por la prensa a su salida de la audiencia de este jueves en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que en la audiencia de este jueves el tribunal, formado por las juezas Nancy Joaquín, presidenta de la sala, María Daneira García y Daniel Nolasco, no respondió a los argumentos planteados por el Ministerio Público para revertir la decisión que envió a prisión domiciliaria a los imputados.
“No sabemos si en este caso el tribunal lo hará en su decisión por escrito, pero en la decisión oral que se rindió en el día de hoy, la corte ha dejado de responder los principales argumentos presentados por el Ministerio Público”, sostuvo Camacho, quien encabezó el equipo integrado, además, por la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán Alberto.
En la audiencia de este jueves el Ministerio Público buscaba el cese de la resolución que varió a prisión domiciliaria le medida de coerción de prisión de preventiva que pesaba sobre los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, decisión que fue tomada por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Para hacer efectiva esta variación, Medina Sánchez, principal acusado del caso, presentó una garantía económica de RD$60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de RD$30 millones.
En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les fue impuestas garantías de 20 millones de pesos cada uno.
Al ser cuestionado sobre la decisión adoptada por el tribunal, Camacho indicó: “Podemos concluir que se trata de otra decisión irracional, pero las irracionalidades suelen ser comunes en los casos de corrupción”.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de dirigir un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas. También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El pasado 1 de agosto, por su vinculación con el caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla como los demás acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
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