SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho consideró correcta y ajustada a la ley la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de declararse incompetente para conocer el recurso de habeas corpus interpuesto por el general Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), imputado en el Caso Coral 5G.
“De manera correcta se declaró incompetente, toda vez que el Juzgado de Atención Permanente solamente puede conocer de acciones de habeas corpus cuando se trate de fines de semana o días feriados”, explicó Camacho.
Al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se refirió a la decisión de la declaración de incompetencia por parte del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.
Sobre el proceso, Camacho especificó que fue enviado por ante la Presidencia de la Cámara Penal, a fin de que se fije la audiencia.
“Este habeas corpus, a nuestro juicio, ya será conocido cuando se conozca ante el tribunal competente; de todas maneras, no lleva una razón y eso y es un habeas corpus hecho al margen del derecho, un ejercicio de temeridad”, dijo a la prensa.
La tarde del martes la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a otros 12 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN), al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Para el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD), dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
La prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El tribunal control del caso será el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y la revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 14 de marzo de 2022.
En el caso del general Julio Camilo De los Santos Viola, se le conocerá medida de coerción en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre una recusación a la jueza Romero.
En el transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
El órgano de la persecución penal ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
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