SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “En la lucha contra la corrupción y la impunidad, los ciudadanos y ciudadanas deben dar el primer paso y, afortunadamente, eso está sucediendo en República Dominicana”, resaltó este martes el procurador adjunto Wilson Camacho, al participar en la conferencia sobre el tema que celebra en Egipto la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Camacho, responsable de dirigir la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que la nación dominicana se encuentra en medio de un momento histórico en el que el Ministerio Público trabaja para acelerar el proceso de erradicación de la impunidad.

“En República Dominicana, con la llegada de la magistrada Miriam Germán Brito a la Procuraduría General de la República y su equipo, a partir del año 2020, se renovaron las energías del Ministerio Público y asumimos el compromiso de conectar con ese anhelo de la sociedad de poner fin a la impunidad”, expuso ante los participantes del noveno período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés).

Camacho ponderó que al ser designado procurador adjunto y colocado al frente de la Pepca solo se le encomendó perseguir los hechos de corrupción con apego a la Constitución y a las leyes.

“Desde entonces, y con la colaboración de la Dirección General de Persecución y de otras unidades del Ministerio Público dedicadas a la persecución a las manifestaciones de criminalidad organizada, hemos presentado ante los tribunales varios procesos de corrupción que envuelven decenas de millones de dólares distraídos en perjuicio del Estado dominicano”, detalló.

El procurador adjunto de República Dominicana se excusó ante el auditorio porque, precisamente, sus labores de lucha contra la corrupción impidieron atender la invitación de la ONU para participar en forma presencial en el evento, el cual se celebra entre el 13 y el 17 de este mes de diciembre, en el Centro Internacional de Congresos de Sharm el-Sheikh, de Egipto.

Recordó que en 2016 y principios de 2017 República Dominicana empezó a vivir un momento histórico de empoderamiento social con el movimiento de “La Marcha por el Fin de la Impunidad” o “Marcha Verde”, el cual calificó como punto de partida de este proceso de enfrentamiento a las estructuras y prácticas de corrupción en la Administración Pública.

El representante del Ministerio Público dominicano sostuvo que, ante tal empoderamiento ciudadano, los responsables de la conducción de Estado se encuentran en la obligación de dar el siguiente paso para erradicar la impunidad y luchar contra la corrupción.

“Estos deben convencerse de que un Estado transparente es beneficioso para todos y todas, incluyendo la clase política, y que genera un círculo virtuoso de beneficio y desarrollo para la Nación”, planteó.

Refirió que la lucha contra la corrupción administrativa contribuye a generar confianza en el clima de inversión, situación que calificó de vital para el desarrollo de los pueblos, sobre todo en momentos que el mundo es dominado por la actividad comercial.

“Nuestro país tiene metas pendientes y estamos conscientes de esto. Dentro de estas metas está la de mejorar los índices de transparencia internacional, además de mejorar nuestro marco jurídico, incluyendo la aprobación de una ley de extinción de dominio que permita agilizar la persecución de la corrupción y la recuperación de activos que son adquiridos como consecuencia de la comisión de estos hechos ilícitos”, declaró.

Planteó que en República Dominicana y en los demás países que forman parte de la ONU deben implementarse mejoras en los recursos humanos y técnicos que acompañen a los fiscales que se dedican a la persecución de la corrupción.

“En República Dominicana estamos conscientes de que no debemos descansar hasta reducir los niveles de corrupción y de impunidad al mínimo, de que debemos asegurar un régimen de consecuencia que se aplique a todos y a todas por igual y que debemos comprometernos con fomentar una cultura de transparencia y de respeto a la ley”, precisó.