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Wilson Camacho: Ministerio Público presenta presupuestos nuevos que agravan situación jurídica de imputados en Caso Coral

Seguirán en prisión el mayor general Adán Cáceres y otros cuatro implicados

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este viernes que el Ministerio Público presentó nuevos elementos que agravan la situación jurídica de los imputados del Caso Coral y que fueron tomados en cuenta por un tribunal para ratificar la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a otros cuatro procesados.

La jueza Keila Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y decidió mantener en prisión al mayor general Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

También a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; al coronel policial Rafael Núñez de Aza y al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, quienes cumplen prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

El tribunal también confirmó el arresto domiciliario vigilado con impedimento de salida del país impuesto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Sobre esta decisión, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que el proceso ha resultado imbatible para las defensas, “a tal punto, que en el día de hoy no pudieron presentar ni siquiera un argumento que pueda afectar el caso del Ministerio Público”.

“Tratándose de una revisión de medida de coerción, no han presentado un solo presupuesto que hiciera pensar, ni siquiera someramente, la posibilidad de que se variara la medida de coerción y esa es la razón por la que se ha confirmado”, insistió Camacho.

Destacó que mientras la defensa no presentó ningún presupuesto para que se le pudiera variar la medida de coerción, el Ministerio Público, que ha seguido avanzando en su investigación y que ha hecho su tarea, sí presentó presupuestos nuevos que agravan la situación jurídica de cada uno de los imputados y que le dieron razones suficientes a la jueza para mantener la medida de coerción.

Se trata de “una gran cantidad de pruebas que resultan abrumadoras para las defensas y que quizás eso lo puede presionar a ellos (los abogados)”, comentó.

El procurador adjunto precisó que los fiscales presentaron evidencias de destrucción de pruebas en temas relativos al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), sobre pagos millonarios que se hicieron a empresas que simularon proveer bienes que no se entregaron.

Igualmente, dijo que presentaron evidencias de unas armas que se ocuparon en este proceso, que no tienen ni siquiera registro de ingreso a República Dominicana, lo que agrega al caso el delito de tráfico de armas.

El titular de la Pepca, quien encabeza el equipo de litigación junto a la directora general de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, ofreció sus declaraciones a la prensa luego de que el tribunal ratificara la prisión preventiva a los encartados.

El Ministerio Público demostró ante la jueza Pérez Santana que la prisión preventiva es la más idónea para garantizar el avance del proceso judicial.

Estas medidas de coerción fueron impuestas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tras establecer, a partir de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la vinculación de los imputados al caso.

El entramado criminal desvelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y en Cestur, principalmente con el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que el grupo realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.

Además, que los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

 

 

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