Distrito Nacional.- Luego que el pasado lunes 5 de diciembre, el procurador general de la República, instruyera al Procurador General de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, para que solicitara la asignación de un juez de la Instrucción Especial, para dar seguimiento al caso que alegadamente involucra a un Juez, en un accidente de tránsito, la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís designó a la magistrada Emerita Rincón Mojica.

En tal sentido, la Procuraduría General informó que al ser asignada dicha magistrada, quien es miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, el Ministerio Público procederá a realizar las diferentes gestiones procesales en contra del juez Argenis García Del Rosario, por presunta violación a la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos.

“Hemos solicitado la asignación de un juez de la Instrucción Especial, considerando que el presunto imputado tiene jurisdicción privilegiada, sustentada en su  condición de juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, por lo que las diferentes acciones que emprenderá el Ministerio Público, deben ser gestadas ante una instancia mayor a la Fiscalía ordinaria, ante lo cual procederemos de inmediato, ampliando las investigaciones y recolectando sustento probatorio, que nos permita llegar a la verdad en este caso, para así poder establecer responsabilidades y luchar por hacer valer el régimen de consecuencias a partir de las mismas”, aseguró en un comunicado de prensa.

El citado magistrado Argenis García Del Rosario, es sindicado como el alegado conductor de un jeep marca Toyota, que tras impactar una motocicleta, provocó la muerte de Alexander Mejía Tavárez, así como las hermanas Rosangela Morla Matos y Daniela Morla Matos, como consecuencia de trauma cráneo encefálico severo, traumas y laceraciones múltiples, según consta en certificado del médico legista actuante en el caso.

“Hemos dicho en múltiples ocasiones que el cumplimiento de la ley es igual para todas y todos, por lo que nuestro compromiso es realizar las correspondientes investigaciones de lugar, garantizar el debido proceso y respetar los derechos fundamentales de todo imputado. Basados en esos principios, aseguramos que llegaremos hasta las últimas consecuencias y que actuaremos tal como lo establecen nuestras legislaciones”, puntualizó el Procurador General”.