SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santiago reiteró este martes que puso a disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente numerosas pruebas que comprometen la responsabilidad penal del director de un centro de rehabilitación intervenido por el Ministerio Público y quien podría enfrentar cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad.

La jueza Wendy Tavárez aplazó para el próximo lunes 2 de enero la audiencia donde ponderará la pertinencia de la solicitud de la Fiscalía de Santiago, de que se imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de Lorenzo Silverio Almonte o Julián Almonte (El Pastor).

El Pastor fue apresado en medio de una de las diligencias de investigación que el órgano de la acusación coordinó, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y en la que también participaron otros organismos del Estado.

En el marco de esas labores, el Ministerio Público allanó el centro de rehabilitación, dirigido por el imputado, en donde por lo menos cinco adolescentes sufrieron numerosos abusos físicos y psicológicos mientras estaban en calidad de internados.

La citada institución estaría enfocada en tratar a adolescentes con problemas de alcoholismo y de conducta.

No obstante, durante el operativo, las autoridades rescataron del lugar a cinco adolescentes que estaban “hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas” y los pusieron bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Las evaluaciones físicas y psicológicas practicadas a los afectados, con edades entre 13 y 17 años, revelaron que eran violados sexualmente por adultos responsables de su cuidado, obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica, además de que recibían castigos como dormir en el suelo, amarrados con cadenas y mojados.

En las acciones investigativas y de asistencia a las víctimas participan en coordinación la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional.