SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Cámara Penal  de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso mantener en prisión a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y a su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, imputados de corrupción administrativa en el Caso Coral.

El tribunal, integrado por los jueces Pedro Sánchez, Luis Tomás Jiménez y Rosalba Garib, rechazó un recurso de apelación de los imputados y confirmó la resolución impugnada que mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva porque no han variado las circunstancias que dieron lugar a la misma.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó al tribunal de alzada desestimar el recurso.

En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, así como del cabo policial Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.

Ante la decisión que lo envió a prisión los imputados han hecho varios intentos en diferentes tribunales para que le sea variada la medida, sin lograr sus pretensiones.

El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa  (Pepca), dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones.

El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.