SANTO DOMINGO (República Dominicana). – La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) analizó junto a expertos nacionales e internacionales los desafíos en el tratamiento a las personas privadas de libertad en el país y las oportunidades que ofrecen programas de reinserción gradual, como el medio libre.

El foro internacional “Perspectivas del sistema penitenciario y correccional dominicano en el marco de la ley 113-21” se constituyó en un espacio de debate acerca de la implementación efectiva de la legislación, con la participación de los expertos españoles Bergoña Gómez del Campo y Andreu Estela Barnet como invitados especiales.

Promulgada el año pasado, la Ley que Regula el Sistema Penitenciario y Correccional de República Dominicana (113-21) extiende el alcance de la reforma que se inició en el país en 2003 y reafirma los propósitos de propiciar que los privados de libertad se capaciten y preparen para reintegrarse de forma productiva a la sociedad.

“Que en el camino, como mandaba la ley 224, y como manda ahora la ley 113-21, pueda permitir el trabajo penitenciario que les dé los ingresos que les permitan su sustentación estando en el centro y el ahorro como capital semilla para poder hacer un emprendimiento cuando salgan”, destacó durante la apertura el titular de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio.

“La libertad condicional se está utilizando como un elemento de reinserción, como un elemento de supervisión comunitaria”, ponderó quien hace 19 años fuera líder de proyecto para el inicio de la reforma penitenciaria dominicana.

También el magistrado Rafael Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, destacó entre las grandes conquistas de la ley la creación de la Dirección del Medio Libre, que da seguimiento a quienes pasan a la fase de prueba y los prepara para la vuelta a la vida en comunidad.

“Todo lo que se puede hablar de ejecución de la pena depende de cuatro palabras: legalidad, humanidad, judicialización y reinserción”, expuso Báez, para resaltar el papel que juega el juez de esa especialidad en el seguimiento del proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

El trabajo de rehabilitación enfocado en menores de edad también formó parte del programa del día. Bergoña Gómez del Campo, consultora experta en temas de reducción de la demanda de drogas, resaltó las necesidades de mejoras en los protocolos de procedimiento e intervención de personas adolescentes en conflicto con la ley penal y reconoció el trato humano que estos reciben en el país.

“Con ustedes a mí me trae algo fundamental que yo creo que a veces en Europa olvidamos, es el amor con el que hacen el trabajo. No me he reunido con ninguna persona que me haya hablado de ellos peyorativamente. El trato de calidad que ustedes le dan, pero también de calidez (…) les agradezco porque para mí es siempre un aprendizaje”.

La actividad, que se desarrolló en el auditorio Eduardo Latorre, del Ministerio de Relaciones Exteriores, contó con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Luego de las conferencias, concluyó con un panel sobre los retos de la implementación de la ley, en el que participaron el magistrado Báez García; Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, con la moderación de Hernández Basilio.

Para Valentín, entre las bondades de este nuevo marco legal, se destaca el énfasis en el respeto a la dignidad y la protección de los derechos fundamentales del privado de libertad, mientras que Jiménez Richardson citó los cinco aspectos fundamentales a tomar en cuenta en el sistema penitenciario, a su juicio, la prevención, el tratamiento, la reinserción, víctimas y familia y los repatriados.