SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República dijo que no está de acuerdo con el proyecto de ley que incorpora el tratamiento hormonal o la castración química para los sentenciados y reincidentes en el delito de violación, tras señalar que el deber de las autoridades y el sistema es regenerar a la persona que ha delinquido, tal y como lo establecen las leyes.
El magistrado Rodríguez basó su planteamiento en el artículo 42 de la Constitución de la República sobre el derecho a la integridad personal, y expresó que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, a vivir sin violencia y con la protección del Estado, que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, su integridad física y que nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Estamos en pleno siglo XXI y resulta insólito procurar establecer una ley que incluya la castración, esto no procede ni legalmente, ni humanamente ni moralmente. La Constitución es clara y establece además que nadie puede ser sometido a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida, y, a este ordenamiento supremo, agreguemos el carácter vinculante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros”.
Las propuestas fueron hechas durante un encuentro de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside Henry Merán, donde el procurador general hizo propuestas para mejorar importantes proyectos de leyes que están siendo conocidos en la cámara baja o que están pendientes de aprobación.
Además del proyecto de ley que incorpora el tratamiento hormonal o la castración química, el procurador también hizo propuestas de modificación a los proyectos de leyes de indultos, el que crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Proyecto de Ley del Código Penal Dominicano, y el que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de los embargos.
De igual manera, dijo que es interés del Ministerio Público que los legisladores evalúen con la mayor celeridad posible el proyecto del Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al tiempo de asegurar que éste vendría a constituir un apoyo fundamental en la lucha que impulsa contra la violencia de género en el país.
Procurador sostuvo que aunque este año, luego de la puesta en marcha de las 22 acciones del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, han disminuido en un 18 por ciento los feminicidios, aun las cifras son altas y se necesitan leyes y medidas más detalladas y más fuertes para erradicar esta problemática social.
En torno a este tema, destacó las acciones que viene implementando desde el Ministerio Público para lograr un abordaje integral de este mal, destacando en ese sentido, el plan de mejoras de las infraestructuras de las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, así como la creación de otras en las 14 provincias que no cuentan con oficinas de esta índole, la capacitación de todo el personal del sistema para un mejor abordaje de esos casos, y más apoyo logístico a todas las dependencias.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados además de su presidente Merán, está conformada por Alexis Jiménez, vicepresidente, y la integran Demóstenes Martínez, Mirna Tajada, y Carlos Guzmán.
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