SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador fiscal José Miguel Marmolejos se mostró confiado en que la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogerá el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público contra el descargo de los tres acusados en el Caso Super Tucano y ordenará la apertura de un nuevo juicio.
“Nuestra expectativa es que serán acogidas nuestras conclusiones, que la sentencia será anulada y se ordenará un nuevo juicio en este proceso, porque entendemos es necesario realizar una valoración completa de la prueba para corregir fallos que advertimos en la sentencia de primer grado”, dijo el fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al hablar a la prensa tras la audiencia de este jueves.
El órgano persecutor, que estuvo representado por Marmolejos, junto a las también fiscales Rosa Alba García y Rosa Pichardo, presentó un recurso de apelación de unas 125 páginas, en el cual pide anular la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La sentencia emitida en primer grado, en mayo del año 2022, absolvió al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández. Además, fueron descargadas las empresas imputadas 4D Business Group y Magycor.
El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) había entregado en sobornos para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron atribuidos. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
Tras la conclusión de la presentación de los argumentos de ambas partes, el tribunal, formado por las juezas Doris Pujols (presidenta), Rafael Báez y Ramona Rodríguez, se reservó el fallo para el 12 de junio, a las 12:00 del mediodía.
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