SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público deploró que los abogados de algunos de los imputados del caso Odebrecht incurran en el absurdo jurídico de querer escudarse en unos archivos definitivos que están bajo investigación, debido a que fueron dispuestos de manera irregular y en secreto por la pasada gestión de la Procuraduría General de la República, a favor de ocho de los encartados en el expediente.
El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que el Ministerio Público concurre este lunes al estrado para la audiencia del caso después de entregar a los abogados de los imputados Víctor José Díaz Rúa y Porfirio Andrés Bautista García copias de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación del delito.
“Entre las irregularidades que presentan los archivos definitivos destacan que fueron firmados durante las vacaciones de la entonces titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, no fueron notificados ni informados a Guerrero Pelletier y el causal en el que pretenden motivarlos es improcedente, ya que bajo ninguna circunstancia puede decirse que los delitos imputados no son un tipo penal”, sentenció Camacho.
Explicó que, pese a ello, el Ministerio Público puso los documentos a disposición de todas las partes que intervienen en el proceso, al depositarlos vía Secretaría en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
“El Ministerio Público encamina todas sus acciones procesales al amparo de la transparencia y bajo todas las garantías procesales de los imputados”, dijo Camacho.
“Sin embargo, procuramos que la audiencia se conozca superando las tácticas dilatorias de la defensa de los imputados que, al final, solo prolongan el proceso judicial en perjuicio de la efectividad en la administración de justicia del Poder Judicial y de todo el Estado, así como de los intereses de los propios imputados que se ven sometidos a procesos más largos”, agregó.
En ese contexto, recordó que la defensa mantiene una actitud enfocada en retrasar la presentación de la acusación del Ministerio Público. “Con esa intención recusaron sin ninguna razón jurídica o de carácter personal a todos los miembros del Ministerio Público que subimos al estrado y solicitaron reposición de plazos sin ningún fundamento, porque todas sus acciones buscan retrotraer el proceso a etapas anteriores”, dijo.
Resaltó que los abogados de la defensa insisten en sus tácticas dilatorias pese al fracaso de su estrategia frente a los fiscales litigantes, así como al correcto comportamiento del tribunal dirigido de manera profesional y digna por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional conoce el expediente por el pago de US$92 millones en sobornos que confesó la firma brasileña Odebrecht para agenciarse la adjudicación de obras de infraestructura en República Dominicana.
En el expediente figuran como acusados, además de Díaz Rúa y Bautista García, Ángel Rondón Rijo, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Tommy Alberto Galán Grullón.
Al igual que Camacho, la fiscal Mirna Ortiz, ex vicerrectora académica de la Escuela Nacional del Ministerio Público, deploró que la defensa de los imputados del caso Odebrecht insista en tácticas dilatorias, “realizando pedimentos infundados, con el único objetivo de retardar el inicio del conocimiento del juicio”.
“Se trata de un acto de irresponsabilidad y de una actitud que debe preocupar hasta a los mismos imputados que un abogado defensor recuse a todos los miembros del Ministerio Público que actúan en un proceso sin alegar ninguna causal para sustentar su despropósito”, dijo.
“También la solicitud de copias de los archivos definitivos respecto a otras personas investigadas en la primera fase de un expediente sobre un determinado delito es otra táctica dilatoria sin fundamento, ya que en derecho penal, cada imputado se defiende respecto a su propio hecho, no del que se le imputa a otro, un principio básico de la personalidad de la pena que todos los abogados conocen bien”, sostuvo Ortiz.
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