Destaca es una decisión que impacta positivamente la lucha contra ese flagelo

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional, logró que fuera dictado auto de apertura a juicio en contra del propietario de la empresa Security Protection Center, S.R.L. (SEPCTER), Nelson Rafael Fermín Ovalles, acusado de incurrir en tráfico de armas de fuego.

La decisión fue adoptada por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrada Solange Vásquez, luego que acogiera la petición hecha por el Ministerio Público en contra de Fermín Ovalles por los delitos de tenencia, porte y uso ilegal de armas de fuego de uso civil o partes de estas, tráfico ilícito de armas, falsificación y alteración de las características técnicas de armas de fuego, así como por tenencia y utilización de armas de uso exclusivo del Ministerio de Defensa.

Dicho imputado, quien presuntamente violó varios artículos de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano, también es acusado de delitos de acopio o almacenamiento de armas de fuego y delito de legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.

En un comunicado de prensa a través del cual ofreció la información, el Ministerio Público recordó que dicha compañía de seguridad fue allanada el 28 de junio del pasado año por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas mediante la Orden Judicial No. 0058-Junio-2018, ocupándole en el transcurso de la operación la cantidad de 106 armas de fuego ilegales.

Explicó el órgano acusador que entre esas 106 armas, se encuentran 96 pistolas, 48 escopetas y 8 revólveres, algunas retroqueladas, duplicadas, de particulares (reportadas como robadas) y otras sin registro en el Ministerio de Interior y Policía, así como dos vehículos.

Indicó en ese mismo orden, que de esa gran cantidad de armas sólo 22 están asignadas en el Ministerio de Interior y Policía a nombre de SEPCTER, sin embargo, dijo que tienen a usuarios privados asignados que no tienen relación jurídica con esa empresa ni son las personas a las que se le ocuparon.

En el expediente instrumentado por el Ministerio Público se hizo constar que con relación al resto de las armas se ha certificado que algunas armas de fuego figuran en la base de datos de Interior y Policía consignadas a nombre de otra empresa de seguridad privada, además de que hay varias armas de fuego duplicadas, con la misma numeración en su serie.

También, según el peritaje expedido por la Policía Científica, en el resto de las armas no se pudieron recuperar sus numeraciones originales por el alto grado de limadura en sus características originales, indica la información difundida por el Ministerio Público.

En torno al proceso judicial, la institución del sistema de justicia destacó los esfuerzos que se realizan para llevar este caso hasta las últimas consecuencias y procurar justicia.

En ese orden, explicó que luego de que fuera confiscada la citada cantidad de armas se procedió al arresto de Fermín Ovalles y se solicitó ante el Décimo Juzgado de Instrucción en función de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la imposición de medidas de coerción de prisión preventiva en su contra, imponiéndole dicho tribunal una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país en fecha 8 de agosto de 2018.

Señala el Ministerio Público que inconforme con esa decisión, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas, apeló esa medida y al imputado le fue impuesto arresto domiciliario, en fecha 6 de diciembre mediante resolución No. 501-2018-SRES-00244, expedida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Destaca que posteriormente, el 17 de abril del presente año presentó formalmente el escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio contra el imputado Nelson Rafael Fermín Ovalles y la empresa Security Protection Center, S.R.L. (SEPCTER), logrando de manera exitosa que fuera acogida la petición hecha en contra del encartado.