La decisión judicial incluye el decomiso de unos 60 millones de pesos y decenas de inmuebles a los procesados por trata de personas, lavado de activos y porte y tenencia de armas

SANTIAGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción impuso condenas de 20, 15, 10 y 7 años para los cinco imputados por Trata de Personas Agravada, lavado de activos y otros ilícitos en el proceso conocido como Casa Blanca Night Club.

Juan Antonio Fernández Fernández deberá cumplir una condena de 20 años de reclusión mayor por el caso con el que la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago desarticularon las operaciones del Night Club Casa Blanca que, al momento de las actuaciones del Ministerio Público, explotaba sexualmente a unas 45 mujeres víctimas de este flagelo.

Fernández Fernández deberá pagar, además, una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$14,000,000 en favor de dos de las víctimas.

La imputada Grismelda Acarilis Merejo Salas deberá cumplir 15 años de prisión y pagar 175 salarios mínimos; María Magdalena Bautista Bautista fue sentenciada a 10 años de cárcel y el pago de 50 salarios mínimos.

Mientras, Jolvert José Ramírez y Jairo Rafael Correa deberán cumplir penas de 7 años de cárcel, así como el pago de 75 salarios mínimos.

El grupo delictivo recibió sentencia por haber subsumido su conducta en la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras Sustancias Controladas y otras Infracciones graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.

El Ministerio Público presentó pruebas de diferentes naturalezas que le permitieron probar que los miembros de la desarticulada organización criminal se dedicaban a captar, transportar, trasladar, receptar y acoger a mujeres en extremadas condiciones de vulnerabilidad de países como Colombia y Venezuela.

Las mujeres eran explotadas sexualmente, además, de ser sometidas a condiciones de coacción y amenazas, afectando la dignidad de estas víctimas, para lucrarse con su explotación.

Al dictar la sentencia, el tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Castillo (presidente), Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, enfatizó la gravedad de la trata de personas, y la importancia de proteger y salvaguardar los derechs de las víctimas de este delito.

Por el Ministerio Público litigaron el proceso Juan Medina de los Santos (procurador adjunto), la fiscal Marinel Brea Tejeda y Madeline Nuñez Imbert, del Departamento de Asistencia a Víctimas de Trata de la Procuraduría Especializada que persigue este delito, quien asistió legalmente, y de forma gratuita, a las víctimas.